Comisiones de regulación en Colombia, 20 años

Posted on

20 años después de superar la discusión de si en la arquitectura constitucional de un modelo jurídico como el colombiano podían existir entes reguladores sin afectar el orden institucional, quisiéramos referirnos individualmente a las dificultades, logros y retos en cada sector de cada una de las comisiones de regulación: Comisión de Regulación de Saneamiento Básico y Agua Potable -CRA-, Comisión Regulación de Energía y Gas -Creg- y Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC-. Pero, sería insuficiente el espacio para hacer un análisis individual objetivo. Espero en otros artículos poder abrir el debate en tal sentido.

Hoy me referiré en general al modelo regulatorio colombiano a la luz de la teoría constitucional de los servicios públicos. No obstante su alto contenido político, a la hora de hablar de regulación, brilla por su ausencia el debate político, pues muchas personas se refieren a la regulación, como un asunto exclusivamente técnico o económico, olvidando que precisamente en las concepciones económicas sobre el desarrollo, la concentración o el reparto de la riqueza, se soportan las más profundas diferencias ideológicas en todos los Estados.

Es notorio el avance que el concepto de regulación económica ha tenido en el mundo y la forma como el derecho colombiano lo ha venido incorporando a la cotidianidad en sectores como el de los servicios públicos que tienen connotaciones especiales, pues a la vez que el Estado declara la existencia del Estado social de derecho -en el que los servicios públicos son inherentes a la función social del Estado-, ha permitido que estos servicios sean prestados por los particulares y comunidades organizadas, en escenario de libre concurrencia con proveedores estatales y mixtos.

La Corte Constitucional en sentencia C-263/13 ha identificado el modelo de regulación colombiano como de “economía social de mercado”, lo que nos obliga a encontrar un justo equilibrio entre la intervención del Estado para proteger a los usuarios y promover el servicio universal y la libertad de empresa e interés de ganancias que caracteriza a la libre iniciativa privada. Por tal razón podemos afirmar que buena parte del éxito futuro del régimen de los servicios públicos, depende de la manera como las Comisiones de Regulación entiendan el sentido real de las tareas que a ellas se les han encomendado.

Queda claro que no se trata solo de economía de mercado, sino de “economía social de mercado” y que los servicios públicos no pueden ser tratados como simples mercancías que se compran y se venden; por tanto, la regulación en nuestro modelo implica una forma de intervención del Estado para la protección del interés público social y su reto permanente debe ser la búsqueda del incremento de la productividad de los agentes económicos del sector para que las empresas ofrezcan más acceso; más y mejores servicios; más y mejor atención a los usuarios; mejores y más razonables, justas y equitativas tarifas.

Del foro realizado la semana anterior sobre la Ley 142/94 y los 20 años de los reguladores en Colombia nos queda claro que aunque el Congreso de la República interviene cada vez más en el direccionamiento de la actividad regulatoria, no es suficiente con la expedición de leyes. Hoy más que nunca, debemos reflexionar sobre cómo estamos aplicando la teoría constitucional y el modelo de los servicios públicos y sobre cuál ha sido, es y será su incidencia en el acceso y eficiencia en la prestación esos servicios, en la calidad de vida de los ciudadanos y en el desarrollo de la economía nacional.

Colombia lleva 20 años tratando de construir un concepto especial de regulación que no coincide plenamente con el que imponen los Estados que soportan su economía exclusivamente en la liberalización de toda clase de mercados, pero tampoco con una rígida intervención del Estado en todas las actividades económicas.

La sola existencia del concepto “servicio público”, sugiere la adopción de un camino especial y diferente al que adoptan modelos plenamente liberales o neoliberales, o a los que adoptan esquemas socialistas de intervención del Estado. Ese camino especial, diferente e incluyente que promovemos y defendemos, es finalidad de nuestro Estado social de derecho.

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s