¿Existe una política de acueductos rurales en Colombia? (2)

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La semana anterior iniciamos una deliberación a través de esta columna dominical, sobre la urgente necesidad que tenemos de diseñar una política pública para identificar, diagnosticar y formalizar a la totalidad de prestadores rurales del país y poder establecer a ciencia cierta cuáles son las necesidades de inversión de estos sistemas, para el suministro de agua potable y el saneamiento básico. 

Dijimos que el objetivo no puede ser otro que igualar lo rural -lo más similar posible-, con las condiciones de acceso continuidad, calidad y cobertura que tienen los usuarios urbanos de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. Dijimos también que si bien debe haber un enfoque diferencial hacia los prestadores no lo puede haber hacia los usuarios y abrimos la reflexión sobre ¿Cuál debería ser el mecanismo para lograr la sostenibilidad cuando los costos y la tarifa resultante son mayores que la capacidad de pago?

Por tal razón, consideramos que la metodología tarifaria que debe diseñar la Comisión Reguladora de Agua y Saneamiento -CRA- para los acueductos rurales, tiene que partir del hecho de que vía tarifa al usuario no se pueden conseguir los recursos para acometer las inversiones ni la reposición de las mismas. Estas inversiones deben ser suministradas por el Estado. Para estas organizaciones comunitarias, la tarifa solo debe incluir los componentes que cubren los costos administrativos, los operativos y los de mantenimiento. Sí la Constitución los habilitó para prestar los servicios públicos, la regulación no puede negarles dicha habilitación, y por tanto se debe redefinir el concepto de calidad y costos eficientes, en el entendido de que la única limitante real es la capacidad de pago del usuario rural.

¿Cuál debería ser entonces el mecanismo para lograr la sostenibilidad cuando los costos y la tarifa resultante son mayores que la capacidad de pago? No hay otro establecido en la legislación que el otorgamiento de subsidios. Pero para llegar de manera efectiva al pago de subsidios al sector rural debe pensarse en una reestructuración integral, con una legislación enfocada al sector rural, que entienda sus particularidades y que establezca algún mecanismo solidario para que los usuarios urbanos contribuyan a la solución de sus pares rurales.

No estamos sugiriendo que de los fondos que funcionan actualmente se destinen recursos en una mayor proporción a lo rural, por que se descompensaría a la población subsidiable urbana, si no que se busquen fuentes ciertas de recursos y un mecanismo de traslado rural eficaz, teniendo como prerrequisito necesariamente la formalización. Estas son solo algunas ideas generales de cómo llegar a otro estado de bienestar en nuestras comunidades rurales, vale la pena mencionar que pretendemos atacar hasta ahora tres problemas: i) infraestructura, ii) sostenibilidad, y iii) eficiencia y calidad.

En tal sentido, compartimos el diagnóstico –aunque no integralmente la estrategia y los objetivos-, realizado en el Documento Conpes 38, que se viene construyendo con la propuesta de política pública para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural, que busca incrementar las inversiones en esquemas sostenibles y generar estrategias de intervención frente a las dificultades en la estructuración, ejecución e implementación de proyectos en el área rural.

Algunas de esas dificultades se describen en el documento Conpes propuesto como: baja articulación intersectorial, deficiencia en disponibilidad y calidad de información, baja capacidad institucional de los municipios, bajo nivel de asignación de subsidios, alto número y dispersión de prestadores, limitada participación de la comunidad en la definición de alternativas y soluciones, altos costos de las inversiones por dispersión de la población, implementación de tecnologías no adecuadas ni sostenibles, deficiente calidad y conflictos de almacenamiento y usos del agua, inadecuada disposición de aguas residuales y residuos sólidos, entre otros.

Debemos por tanto, diseñar mecanismos para dotar de capacidad a los prestadores rurales, haciéndose necesaria la investigación y desarrollo de tecnologías de bajo costo, apoyar mecanismos viables de control de calidad del agua, desde alcaldías o gobernaciones, capacitación constante y permanente, enfoque de vigilancia diferencial por parte de la SSPD que se apoye como institución para poder llegar a cualquier rincón del país en entidades locales como lo pueden ser las personerías municipales.

Desde lo político y filosófico compartimos con el documento Conpes propuesto, “…los esfuerzos para aumentar el acceso al agua potable y al saneamiento básico, bien pueden ser la intervención más eficaz, que por sí sola, permite mejorar la salud humana y prevenir las enfermedades y la muerte. El acceso al agua potable y saneamiento básico se considera un derecho que tiene conexidad con otros como la vida, la dignidad humana y la salud”.

Un comentario sobre “¿Existe una política de acueductos rurales en Colombia? (2)

    María Bibiana Granados León escribió:
    10/08/2014 en 5:17 pm

    También es pertinente analizar el hecho que al generar políticas públicas para el tema de agua en el sector rural , se pretende copiar el modelo urbano. Este es un error garrafal, no se tiene en cuenta las realidades culturales, geográficas, económicas y sociales de la zona rural, en donde el agua a diferencia de la ciudad no es un producto, sino es el vínculo con la tierra, es el vínculo entre vecinos y se constituye en un punto de encuentro y construcción de tejido social.

    En diversos análisis realizados sobre acueductos comunitarios se ha determinado como estos son incluso patrimonio cultural del país, la organización de estos nos habla de acciones colectivas y reflejan la organización de los territorios.

    Si se ven los acueductos comunitarios como empresas de servicios públicos netamente, que respondan al modelo de mercado seguiremos atropellando a las comunidades rurales y los proyectos se quedarán en veremos porque no encontrarán sostenibilidad, la cual radica en la capacidad instalada de las comunidades.

    Incluso los acueductos comunitarios se pueden convertir en agentes de planeación y gestión de los territorios y en herramientas de construcción de paz y reconstrucción del tejido social.

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