¿Existe una política de acueductos rurales en Colombia?

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Según el Pnud “el agua contaminada sigue siendo la principal causa de enfermedades y muerte a escala mundial. Se estima que en los países en vías de desarrollo, tres millones de personas mueren todos los años por enfermedades relacionadas con el agua, la mayoría de ellos niños menores de cinco años. A comienzos del Siglo XXI, alrededor de 1.100 millones de personas, no disponía de acceso a agua limpia y 2.600 millones, no dispone de acceso a saneamiento adecuado.” Colombia no es ajena a esta inhumana realidad. 

Hace dos semanas tuve la oportunidad de participar en Armenia-Quindío, en el I Congreso internacional de Acueductos Rurales. Organizado y liderado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –Sspd-, contó con la masiva asistencia de prestadores rurales -en su mayoría organizaciones autorizadas de tipo comunitario-, representantes de todas las instituciones sectoriales del Estado e invitados internacionales.

Nos unimos al reconocimiento por los resultados de este I Congreso internacional de acueductos rurales, aunque  no deje de sorprendernos que este evento haya sido el primer evento nacional e internacional para los prestadores rurales, después de más de 40 años de gestarse en América Latina este tipo de cooperativas, asociaciones o juntas de agua, proveedoras de agua segura y saneamiento básico a las poblaciones rurales; y después de 23 años de haber sido habilitadas por el artículo 365 de la Constitución Política, para prestar servicios públicos como comunidades organizadas.

Quedé más sorprendido al constatar, que después de más de 20 años de expedirse la Constitución Política de 1991 y la Ley 142/94, no tenemos la más mínima certeza del número de acueductos rurales existentes en el país. Se habla de aproximadamente 15.000 prestadores. De los cuales, sólo unos 1.900 están inscritos en el registro único de la Sspd. Incluso, teniendo en cuenta el esfuerzo grande de esta entidad por construir la información sectorial y formalizarlos, duplicando el número de prestadores inscritos entre el año 2010 al 2014. Este diagnóstico, de por sí preocupante, hace prever que al extrapolarlo a los informales, la situación puede ser aún más crítica.

La situación de la calidad del servicio que reciben nuestras comunidades rurales es delicada. Las cifras hablan por sí solas, tan sólo el 10 % de los acueductos suministra agua apta para consumo humano y apenas cerca del 80 % cuenta con algún sistema de tratamiento que permite, en la mayoría de casos, entregar agua segura sin que pueda igualarse esta denominación a la de agua potable.

Lo anterior obliga a reflexionar de manera urgente sobre cómo lograr la atención y priorización del Estado hacia estas comunidades. Evidentemente, muchos de los problemas se resuelven en gran medida con inversiones en la infraestructura de estos acueductos, pero la construcción sin acompañamiento y mecanismos de asistencia adecuados no garantiza la solución a las principales dificultades de este tipo de prestadores, como lo son la sostenibilidad, la eficiencia y calidad.

Escuché de primera mano de algunos prestadores, el argumento de no suministrar agua apta para consumo humano, se debe a no tener los recursos que les permitan cubrir los costos asociados a este tipo de tratamiento. Lo que constituye una falla estructural, directamente relacionada con el diseño tradicional de la política pública, la metodología tarifaria vigente, el modelo de inspección, vigilancia y control, el funcionamiento de los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos e incluso el mismo marco legal, que se muestran limitados frente a una realidad que empieza a ser visible gracias a la formalización de estos prestadores y a espacios como este I Congreso Internacional de Acueductos Rurales.

Tenemos que diseñar una política pública que dote de recursos a las entidades del sector para identificar, diagnosticar y formalizar a la totalidad de prestadores rurales del país. La formalización debe ser el camino para que sean identificados, para que se pueda establecer a ciencia cierta cuáles son las necesidades de inversión de estos sistemas, no solo para el suministro de agua potable sino también para avanzar en el saneamiento básico.

¿Cuál debería ser el mecanismo para lograr la sostenibilidad cuando los costos y la tarifa resultante son mayores que la capacidad de pago? En próximos artículos trataremos de dar respuesta a esta y otras reflexiones sobre este trascendental tema de la realidad rural nacional.

El objetivo no puede ser otro que igualar las condiciones de acceso a los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, con la continuidad, calidad y cobertura que tienen los usuarios urbanos, si bien debe haber un enfoque diferencial hacia los prestadores no lo puede haber hacia los usuarios.

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