Hospitales en limbo jurídico

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Recientemente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público revivió la discusión sobre la naturaleza jurídica de algunos hospitales que se convirtieron hace 20 años, en Empresas Sociales del Estado -ESE- de naturaleza pública. Según la tesis sustentada por el Ministerio de las Finanzas en concepto 2-013381/14, el H. Consejo de Estado en Sentencia 546/10, anuló parcialmente la Ordenanza 44/94 de la Asamblea Departamental de Antioquia que transformó la naturaleza de estos hospitales y dicha nulidad genera el decaimiento de los actos administrativos soportados en esta Ordenanza.

En contraste con la tesis esgrimida por el Ministerio, otros actores de la administración Nacional y Departamental reconocen la naturaleza pública de estos hospitales, atendiendo a la teoría de presunción de legalidad de los actos administrativos aplicada a los acuerdos expedidos por los H. Concejos municipales, sobre los cuales, no se ha ejercido hasta ahora ningún control de legalidad.

Tal es el caso de la máxima autoridad Departamental en Salud –Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia- que el 22-07-2013, reconoce a las ESE como “Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Municipales, Entidades de naturaleza jurídica pública”, luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia se pronunciara en igual sentido, sosteniendo que los Acuerdos municipales que crearon estas entidades gozan de presunción de legalidad y no han sido objeto de pronunciamiento alguno por la autoridad judicial.

Hasta ahí, pudiéramos pensar que esta situación que afecta a 35 hospitales o ESE municipales de naturaleza pública del Departamento de Antioquia, es un problema exclusivamente de “debida forma” o de legalidad de nuestro ordenamiento jurídico y que de igual “forma” debe resolverse. Pero no es así, en nuestro Estado Social de Derecho, la prestación de los servicios públicos, es inherente a la finalidad social del Estado, por ello se debe garantizar el derecho a la salud como quedo establecido en la Ley Estatutaria y como lo ha reiterado la H. Corte Constitucional: “El Estado deberá garantizar la disponibilidad de los servicios de salud para toda la población en el territorio nacional, en especial, en las zonas marginadas o de baja densidad poblacional. La extensión de la red pública hospitalaria no depende de la rentabilidad económica, sino de la rentabilidad social”

La tesis del Ministerio de Hacienda tiene al borde de una crisis de la salud al Departamento de Antioquia. Los 35 hospitales o ESE municipales de naturaleza pública afectados, deben ser sumidos por el Gobierno Nacional o Departamental o deberán liquidarse o transformarse en entes privados -¿quién invertiría en empresas económicamente no rentables?-; y por tanto, no podrían recibir recursos públicos entre otros para el ajuste fiscal o financiero o recursos de concurrencia, como fue acogido por el Congreso de la República, en propuesta que presenté para sanear el pasivo prestacional y pensional de los hospitales -artículo 78 de la Ley 1438/11-.

Es importante recordar que estos hospitales desde su génesis han funcionado con espíritu púbico. Se crearon por iniciativa comunitaria y de muchos de nuestros antecesores, hombres y mujeres que con espíritu altruista pensaron en nuestro desarrollo social y donaron lotes o casas para que allí se “llevaran a bien morir los enfermos” como dice la historia de la medicina en Colombia. En estos lotes y casas la gente de bien, de la mano de comunidades religiosas, empezaron a cuidar de la salud de los colombianos y con el paso del tiempo no solo se atendían enfermos sino que también se ayudaba a traer nuevos seres a este mundo, se hacían jornadas de vacunación, brigadas de cirugías y demás servicios que requería la población.

Con el transcurrir del tiempo y con recursos públicos se modernizaron estas instituciones y que nuestro Estado ha invertido en activos, plantas físicas, dotación, mantenimiento, y especialmente en el funcionamiento de estas organizaciones, para que con su labor contribuyan a la garantía del derecho fundamental a la salud de la población, por tal razón, en el fondo, en esencia, estos hospitales nacieron públicos, son públicos, sus fundadores nunca quisieron crear “empresas privadas” o hacerse ricos con la venta de servicios.

Los Ministerios de Hacienda y Salud deben reflexionar sobre esta compleja situación y obrar en consecuencia para garantizar el goce o disfrute efectivo del derecho a la salud. Acompañamos a la ciudadanía y a la Asamblea de Antioquia en la defensa de la naturaleza pública de estas 35 Empresas Sociales del Estado.

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