El control fiscal y el equilibrio de poderes

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Iniciado el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República, hemos reiterado entre otros temas sustanciales de su agenda el volver a la prohibición de la reelección presidencial –hay consenso hoy de los partidos de la unidad nacional- limitar al máximo la intervención de funcionarios administrativos en el ejercicio de funciones que por su naturaleza deben ser judiciales y así mismo no permitir que las altas cortes intervengan en la elección de funcionarios de organismos de control.

En esta ruta del restablecimientos del equilibrio de poderes, uno de los temas que consideramos se debería examinar con todo el cuidado necesario, es el relativo, al futuro del control fiscal, pues su asociación frente a otras formas de control como el disciplinario, el penal y el control interno, le ha hecho perder su identidad a tal punto, que los ciudadanos no sabemos a ciencia cierta cuál es su misión y contenido y cual en realidad es el factor que lo diferencia de otras modalidades de control.

La Contraloría debe volver a su tarea misional, que es el ejercicio del control a la gestión fiscal financiera que adelanta la administración, utilizando normas e instrumentos de general aceptación y el contralor debe ocuparse de la evaluación técnica de los resultados de la gestión para que garantice que los recursos del Estado se invierten de la manera adecuada y dejar que las labores punitivas del Estado, sean desarrolladas por los organismos a los que institucionalmente se les reconoce competencias sancionatorias como corresponde al control disciplinario y al penal.

La experiencia que vive el país, en la que se enfrentan diferentes organismos de control, sin duda está asociada a la confusión que se ha venido generando cuando organismos como la Contraloría, abandonan su original tarea de ser un organismo de control de gestión administrativa, para convertirse en un uno de investigación, cuando se le asignan funciones como las que corresponden a la policía técnica judicial, que institucionalmente solo deberían ejercer la Fiscalía y los jueces.

Una vez elegido el Contralor por parte del Congreso, el doctor Edgardo Maya Villazón -ternado por la H. Corte Constitucional, a quien le auguramos el mayor de los éxitos-, debe iniciarse bajo su dirección y liderazgo un profundo examen sobre el tipo de control fiscal, que debe adelantarse en el país y revisarse a fondo la orientación que en esta materia se ha acogido en los últimos años, en especial a partir de la vigencia de la Ley 1474 de 2011.

La judicialización del control fiscal y su orientación penal punitiva, podría poner en duda la conveniencia de persistir en la existencia de esta modalidad de control, pues extrañamente ha dejado de lado su tarea esencial: “evaluar los resultados de la gestión de la administración”, para colocarse en condiciones de competir con otros organismos que están instituidos para garantizar la moralidad administrativa y adelantar la lucha contra el delito.

Después del examen del conjunto de actividades que en la actualidad adelantan las Contralorías y de valorar la importancia de la defensa del control fiscal en Colombia, lo que veo claro y me propongo liderar, es que esta modalidad de ejercicio del control –que respetuosamente, debería ser más propia de los administradores, contadores, ingenieros administrativos y economistas que de los abogados-, merece una transformación sustancial y reorientar el contenido de sus actividades.

Es que la defensa del patrimonio público, no es solo, la persecución de delito y la denuncia con espectacularidad del detrimento que causa al patrimonio del Estado, también se protege el patrimonio de todos, garantizando que los recursos del Estado son destinados con alto nivel de eficiencia a los objetivos institucionales.

Aunque el punto central que debe modificarse en materia de control fiscal, hace referencia a su modelo y su orientación, debe abrirse la discusión sobre el carácter técnico del control fiscal, la forma como se debe designar el control y el tipo de calidades que se deben cumplir y la manera como esta modalidad de control debe relacionarse con controles como el interno, el disciplinario y los de naturaleza judicial.

Lo que propondré en el Congreso, es la defensa del control fiscal y para ello será mucho lo que debe cambiar, pues, bajo el escudo de la lucha contra la corrupción y la moralidad administrativa, se ha descuidado el control y la evaluación de la gestión administrativa y se ha permitido que se dilapiden -no necesariamente robado-, recursos públicos, tanto por servidores del Estado como por particulares.

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