Pilares de la movilidad sostenible (I)

Posted on

La población urbana ha crecido aceleradamente en las últimas décadas. Mientras el 50% de la población mundial reside en centros urbanos, en las ciudades latinoamericanas se concentra el 76% de su población. Este fenómeno, sumado a la alta correlación que existe entre el crecimiento económico de un país y el aumento de la motorización, supone para las ciudades latinoamericanas grandes retos en relación con la congestión vehicular, la contaminación y la calidad de vida de sus habitantes.

La semana del 5 al 8 de agosto tuvo lugar en la ciudad de Lima el IV Congreso de Mejores Prácticas Sibrt, un encuentro latinoamericano de gran importancia en materia de movilidad urbana. Autoridades de veinte ciudades de la región, operadores de los sistemas de transporte más avanzados, representantes de la industria y académicos de reconocidas universidades se dieron cita para debatir sobre problemas comunes a las ciudades latinoamericanas en materia de movilidad y para buscar principios de acción compartidos que permitan abordar las externalidades negativas del crecimiento acelerado de la motorización y consolidar sistemas de transporte público con amplia cobertura y alta calidad y seguridad que ayuden a estructurar ciudades amables, competitivas e incluyentes.

Entre los múltiples temas que se discutieron en el marco de este IV Congreso de Mejores Prácticas Sibrt encontramos particularmente relevante la discusión que se dió alrededor del reconocimiento de la movilidad como un derecho social y de los mecanismos para financiar una movilidad urbana con alta calidad para todos.

En relación con el reconocimiento de la movilidad como derecho social, expertos latinoamericanos enfatizaron en la importancia de lograr que nuestros países transformen la movilidad en un derecho subjetivo de todos los habitantes y no únicamente de quienes tienen recursos para movilizarse por medios individuales. En este sentido Colombia ha recorrido parte del camino, mientras varios países impulsan la adopción de instrumentos jurídicos para elevar la movilidad a la categoría de derecho subjetivo, nuestra Constitución Política de 1991 reconoció la libertad de locomoción -movilidad-, como un derecho fundamental que cobra particular importancia por su estrecha relación con el goce o el disfrute de otros, como el derecho al trabajo, a la educación y a la salud.

Reconocido el derecho a la movilidad, Colombia tiene un gran reto en relación con la materialización del mismo a través de la consolidación de un servicio de transporte público con alta cobertura, calidad y seguridad para todos los habitantes del territorio. Fue este el tema de nuestra intervención en el panel ¿Cómo financiar una movilidad urbana de alta calidad para todos?

Tras escuchar la experiencia de países como Brasil y Chile que han avanzado en la aprobación de leyes que permiten destinar recursos públicos para mantener una operación de transporte de calidad, demostramos que en Colombia, la búsqueda de la autosostenibilidad financiera en la operación de estos sistemas de transporte masivo, los tiene hoy en una crisis financiera y operativa que afecta gravemente la prestación del servicio, toda vez que hoy, o los entes territoriales o los empresarios privados, deben asumirla diferencia negativa entre ingresos y costos, lo que les impide realizar las inversiones necesarias para mantener la flota en la cantidad y condiciones requeridas para prestar un servicio oportuno, con cobertura y calidad.

No obstante que el Gobierno Nacional ha escuchado nuestro planteamiento y ha destinado cerca $210.000 millones para la compra de las contratos de concesión de patios, talleres, estaciones y chatarrización de los sistemas de Cali y Barranquilla; sabemos que esta medida no es suficiente para garantizar la sostenibilidad de los sistemas en el futuro, donde además de liberar ingresos para las inversiones necesarias es conveniente que el transporte público pueda ofrecer tarifas competitivas en relación con otras alternativas de movilización.

Consideramos que el inició de este mandato del presidente Santos, es una oportunidad para revisar integralmente la “política pública” de transporte urbano y masivo y de la mano de los entes territoriales transformarla y ajustarla en una política pública de movilidad, que abandone el principio de autosostenibilidad financiera exigida por el Banco Mundial y por el contrario, siembre las bases para la creación de un mecanismo institucional de financiación que permita acceso universal con tarifas tendientes a cero y haga efectivo el fomento al servicio público de transporte, en los términos del artículo 366 de la nuestra constitución.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s