La reforma o ajuste institucional

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La semana anterior no referimos en esta columna a los retos que tiene el nuevo Congreso de Colombia en este periodo constitucional 2014-2018. La agenda legislativa permeada por el proceso de paz y por las múltiples reformas que reclaman los colombianos debe enfrentarse en diálogo abierto y permanente con todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, buscando equilibrio entre la justicia, la paz y las oportunidades para el desarrollo futuro del país.

Precisamente en la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, el presidente Santos dijo que “se debe restablecer el principio de pesos y contrapesos que se debilitó por cuenta de la figura de la reelección presidencial y por falta de claridad en algunas de las competencias de nuestros organismos constitucionales (…) El país requiere una reforma institucional para lograr que se dé un equilibrio de poderes”.

En tal sentido, desde el Instituto de Pensamiento Liberal, con la bancada del PLC, queremos aportar a una propuesta de “Reforma o ajuste institucional”, que obedezca a la ejecución de una visión integral del Estado Social de Derecho, en la que impere el límite democrático al ejercicio del poder, el desarrollo de instituciones propias del constitucionalismo contemporáneo y la prevalencia de la dignidad humana a través del reordenamiento institucional.

Aunque la fórmula de separación de las ramas del poder público con colaboración armónica debe continuar, se debe modular su actual alcance e impedir que en especial los organismos de control y de policía administrativa ejerzan funciones que por su naturaleza, alcance o efectos, deben ser competencia de organismos judiciales.

Dado que el proceso de apertura y liberalización permite que los particulares ejerzan funciones públicas y que el Estado compita con particulares, es importante que desde la Constitución se determine el régimen aplicable, y que en todo caso se fijen como de derecho público las reglas relativas a la protección de ciudadanos y en particular de los usuarios de servicios públicos.

Como principio General las autoridades del Estado Colombiano deben ejercer sus funciones orientadas a la protección de la dignidad humana, a impedir los abusos en el ejercicio del poder y a obtener el desarrollo integral y equitativo de la sociedad.

Se debe consagrar expresamente el principio de convencionalidad con alcance imperativo y explicitar la existencia del Bloque Constitucional con la integración al derecho interno de los tratados internacionales de derechos humanos e internacional humanitario.

Se debe llevar a la Constitución el alcance normativo del precedente constitucional, como forma de garantizar la aplicación de los principios y valores que la ella declara. Tanto las sentencias de control, como los fundamentos de las sentencias de tutela, deben constituir precedente vinculante, salvo para la Corte Constitucional que podría razonadamente fijar un nuevo precedente.

Debe realizarse una reforma estructural del ejercicio del Control Fiscal. La Contraloría se debe ocupar del Control a la Gestión Fiscal Financiera, a través del sistema de auditoria, con competencia para sancionar administrativamente la gestión ineficiente; pero la labor punitiva y resarcitoria patrimonial del Estado debe ser esencialmente judicial, otorgándole a la Contraloría la obligación de actuar ante los jueces cuando se esté en presencia de violación de la legislación penal o de un detrimento del patrimonio público.

La reelección de Presidente de la República debe ser restringida como regla general. El periodo del Presidente, Gobernadores, Alcaldes, Congresistas, Diputados y Concejales debe unificarse en 5 años.

Se debe mejorar el sistema democrático de separación de las ramas del poder público, en especial la eliminación de la participación de organismos judiciales en la elección de funcionarios administrativos o de organismos de Control y la de organismos de control en actividades propias de la función judicial.

Cuando se liberalice el ejercicio de una función administrativa, todos los particulares que se ocupen de ella quedan sujetos a todos los controles propios de las actividades públicas y cuando sea el Estado el que participe de actividades industriales o comerciales se somete exclusivamente al mismo régimen de los particulares, pero en todos los casos, las reglas relativas a las relaciones con los usuarios y su protección, así como las asociadas a la universalización del servicio se deben someter a reglas propias del derecho público.

En lo que se refiere a esta Reforma o ajuste institucional, por falta de espacio se nos quedan otros temas no menos importantes que trataremos en próximas oportunidades, como el reconocimiento de la autonomía territorial, el poder local y la diversidad nacional.

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