Andesco, espacio de concertación en servicios públicos

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Esta semana en Cartagena, entre el 24 y el 27 de junio, con el enfoque de sostenibilidad: el equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social, tuve la oportunidad de participar con ponencia sobre el objeto social de las empresas de servicios públicos, en el 16 Congreso Nacional e Internacional de Servicios Públicos, TIC y TV, organizado con rotundo éxito por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones –Andesco-.

El conocimiento y la experiencia adquirida durante los últimos cuatro años en polémicas e intensas jornadas académicas y de debates de control político en la Comisión Sexta del Senado sobre los servicios públicos y el hecho de saber que corresponden a asuntos que afectan sustancial y directamente la calidad de vida de los ciudadanos, hace que tenga especial interés en las conferencias y diálogos sectoriales que se realizaron y que pueda tomar algunas conclusiones sobre el estado de algunas de las que considero la más importantes discusiones.

Aunque sin duda todas las opiniones se presentan en forma pausada y tranquila, ello no significa que hubieran sido uniformes y que en el sector de los servicios púbicos no se registren las contenciones que son propias de la competencia entre agentes privados o entre estos y el Estado; por el contrario, lo de prever es que día a día sean más notorias y de allí la necesidad de que tanto el Congreso, como los organismos de regulación y control del Estado, realicen en forma conveniente y oportuna las tareas que les ha encomendado nuestra Constitución Política.

Temas que antes en monopolio y durante los 20 primeros años de aplicación de la Ley 142 de 1994, no fueron relevantes, ahora tienen plena importancia, entre ellos las restricciones a la posición dominante de algunos prestadores de servicios y la adopción de medidas exigentes que permitan la protección efectiva del medio ambiente y de los derechos de los usuarios.

En el 16 Congreso de Andesco, se ha hecho manifiesto el notorio esfuerzo del gremio de las empresas de servicios públicos y de diferentes instancias gubernamentales, por lograr generar un espacio adecuado de concertación, en el que puedan presentarse diferentes opiniones sobre el presente y el futuro de los sectores y para que en pactos de auto-regulación, buen gobierno y mejores prácticas, se posibilite un escenario de desarrollo económico equitativo, con la adopción de medidas compensatorias de protección del medio ambiente y la puesta en marcha de diferentes políticas de servicio universal, como quedó establecido en el “Acuerdo para la Sostenibilidad”, firmado en la clausura del evento.

La aplicación de la cláusula de Estado Social de Derecho, en el contexto del la economía social de mercado, que la Corte Constitucional en diferentes sentencias, en especial en la C-150/03, ha encontrado como síntesis del modelo aplicable en Colombia en materia de servicio públicos, y que ha reiterado en la sentencia C-263/13, puede ser el hito sustancial sobre el que se edifique un régimen jurídico económico y social en servicios públicos, que le permita al país crecimiento, con equidad y justicia social.

No obstante la decidida voluntad de muchos de los agentes del sector, que seguramente tendrá eco en el Congreso de la República, no es un asunto fácil de aplicar pues a la hora de la verdad surgen intereses económicos y sociales que es complejo compatibilizar, basta solo a manera de ejemplo ver la controversia que se genera en torno a saber que organismos deben ejercer la policía económica del sector, pues mientras las escuelas económicas no ven problema en que esta tarea sea adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, los defensores de la teoría del servicio público encuentran que esta es una tarea que naturalmente debe ser ejercida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD-; y aunque la Corte Constitucional ya definió el punto en la sentencia C-172/14, y permitió que la tarea sea ejercida por la SIC, le ha ordenado tomar en cuenta la naturaleza especial de los servicios públicos.

Este Congreso de Andesco fortalece mi convicción de que temas como el derecho al mínimo vital para la población más vulnerable, la necesidad de establecer en forma explícita el régimen especial para las empresas de servicios públicos y la fijación de restricciones a la libertad económica en telecomunicaciones, deben ser examinados de nuevo por el Congreso de la República,con amplios debates sobre la teoría constitucional de los servicios públicos, que permitan comprender mejor el escenario de economía social de mercado y podamos lograr ajustar el modelo como lo propone Andesco, hacia la sostenibilidad, conequilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social.

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