La paz es más expectativa de vida

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El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo -Pnud-, muestra que si bien la región latinoamericana se ha establecido firmemente en el escenario internacional con su avance en el crecimiento económico, la estabilidad financiera y la reducción de la pobreza y la desigualdad, aún persisten desafíos fundamentales para garantizar el desarrollo humano, entre ellos, que en su conjunto, la región sufra la pesada carga de la violencia, con más de 100.000 homicidios por año -tasa de homicidio con niveles de epidemia, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud-. Los costos humanos y sociales de la violencia son demasiados y en Colombia son más altos aún por el conflicto armado.

Frente a este panorama de desangre en términos financieros y de gasto público por lo que le significa al Estado y la sociedad desarrollar programas de defensa y seguridad que posibiliten controlar y mitigar los nefastos efectos de la guerra y las múltiples violencias; hoy quiero resaltar, otros costos más ignominiosos que los económicos, son los costos humanos y sociales de este conflicto que deben ser calculados no solo para dimensionar las vidas humanas que perdemos, las vidas que nos cuesta cada segundo de violencia y guerra, sino para comprender la importancia de construir colectivamente políticas públicas focalizadas, pertinentes e integrales para salvar vidas.

Según el Informe del Pnud, los costos de la violencia pueden clasificarse en dos grandes grupos: cuantificables -que pueden ser medidos y monetizados- y no cuantificables -más complejos de medir mediante métodos cuantitativos-. En esta segunda medición debemos profundizar una reflexión que nos permita estimar con mediano nivel de certeza, cuántos han sido los años de vida perdidos por causa de los homicidios, es decir, el impacto que tiene la violencia letal en la expectativa de vida en Latinoamérica, en especial por el conflicto armado, en Colombia.

Según el Pnud a través de la estimación de los “años de vida ajustados por discapacidad” –Daly, por sus siglas en inglés-, es posible calcular la pérdida promedio que representa, tanto en años de vida como en el PIB, el alto nivel de violencia homicida. Según el Informe, considerando la expectativa de vida de la población, en América Latina, en las últimas décadas, cada año se pierden en promedio más de 330 millones de años de vida. Colombia con porcentajes superiores por años, ocupa un indignante primer lugar por causa del conflicto armado, por encima de países como El Salvador, Guatemala y Venezuela con quienes presenta las mayores pérdidas en expectativa de vida atribuibles al alto número de homicidios.

Tal como lo muestra el informe del Pnud, gran parte de las violencias que ponen en riesgo la vida de los habitantes de este país, se encuentra no solo en los campos de batalla que se han convertido muchos de los territorios de nuestra Colombia profunda, sino en los diferentes escenarios y ámbitos de la vida social: la escuela, la casa, el parque púbico. Como lo hemos venido refiriendo en artículos anteriores, las dimensiones del conflicto histórico que hemos padecido, son inadmisibles y por tanto requieren de acciones integrales que permitan desestructurar el mismo.

Nuevamente nuestra Constitución Política de 1991 debe ser el camino. Nuestra Carta política estableció el mayor aporte para lograr la paz por cuanto recuperó la soberanía popular, consagró derechos y garantías fundamentales y fue el fundamento para los pactos de paz conseguidos hasta ahora con las guerrillas. En nuestra Carta Política están las estructuras políticas e institucionales para sobrepasar tanto las condiciones de violencia estructural representadas en la inequidad y la exclusión como las propias del conflicto armado.

En tal sentido, a través de la historia, ha sido la sociedad civil, la más golpeada por los conflictos armados y la menos vinculada en los procesos de paz. Es éste un momento de oportunidad que no debe desaprovecharse. El escenario actual de los diálogos de paz debe convertirse en propulsor y promotor de acciones vinculantes con todos los sectores de la sociedad -fundamentalmente la sociedad civil-, que den sustento social a los arreglos institucionales que se desarrollen a nivel nacional.

La cultura de paz y noviolencia ha sido nuestra bandera para construir nuevos territorios basados en la equidad y la justicia social, como también lo promueve la ONU, hoy con mayor contundencia debemos posicionar en la agenda pública regional y nacional la necesidad de avanzar en la consolidación de un modelo de adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como de comprensión entre los pueblos, los colectivos y las personas cuyo conjunto de valores, actitudes y comportamientos reflejen el respeto a la vida, al ser humano y su dignidad y pongan en primer plano los derechos humanos, rechacen la violencia en todas sus formas, prevengan los conflictos tratando de atacar sus causas y solucionen los problemas mediante el diálogo y la negociación.

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