Votaré por una paz digna

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El próximo domingo 15 de junio, en segunda vuelta electoral, la ciudadanía responsable deberá elegir al Presidente de los colombianos entre dos propuestas antagónicas. Dos propuestas opuestas en su concepción de Estado, muy especialmente en lo referente al proceso de paz. El Candidato Presidente, Juan Manuel Santos, su gestor, promotor y gran defensor propone avanzar hasta su culminación, es decir, la terminación del conflicto; Oscar Iván Zuluaga durante su campaña siempre se refirió a la ilegalidad e ilegitimidad del proceso y su decisión de acabarlo, como lo dijo el 25 de mayo, “El 7 de agosto suspenderé el proceso de paz en la Habana”. Increíblemente esta semana, en unos minutos, como por arte de birlibirloque, su acentuado radicalismo de años, pareciera haber desaparecido y están hablando de continuar el proceso de paz. 

Millones de colombianos tenemos la misma esperanza: la paz. Es necesario comprender que el problema del conflicto y los asuntos sobre la paz son un entramado complejo y sistémico que debe ser analizado, comprendido y atendido de manera integral. Son múltiples y diferentes las valoraciones sobre este proceso. De un lado estamos los partidarios, quienes hemos considerado los diálogos como la mejor vía posible para terminar con el conflicto armado en Colombia; mientras del otro, los opositores, han visto este intento como un juego peligroso que puede arriesgar los avances en seguridad alcanzados por el país en los pasados años.

Como lo ha señalado el doctor Humberto de la Calle, Jefe del Equipo Negociador del Gobierno en La Habana, algunos opositores al proceso de paz, han puesto a circular versiones falsas y mitos inverosímiles sobre su verdadero alcance.  Que en La Habana están entregando el país que viene una reducción de las fuerzas armadas y un recorte de su estatus como consecuencia de la terminación del conflicto, que la reforma rural integral afecta la propiedad privada, que las conversaciones son clandestinas, de espaldas al país y  que habrá impunidad para los res­ponsables de crímenes contra la humani­dad, entre muchas otras que el espacio no nos permite profundizar como quisiéramos.

Según Humberto de la Calle, las conversaciones se han venido ciñendo estrictamente a la agenda pactada hasta ahora, avanzando en puntos trascendentales para una reforma rural integral, para una nueva apertura demo­crática y para desestructurar negocios y economías ilegales como el narcotráfico, todo enmarcado fielmente en el ideario del Estado Social de Derecho. Es falso que se quiera minar la estructura y el funciona­miento de las fuerzas armadas, las cuales fueron específica­mente excluidas de las conversaciones. Por el contrario, como garantía de tranquilidad para nuestras fuerzas armadas, por primera vez en un proceso de paz, se incluyen dos reputados Generales de la Republica, los Generales Mora y Naranjo.

Los acuerdos buscan que el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente, puedan acce­der a ella, mediante la creación de un Fondo de Tierras para la Paz, acompañado de planes en vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos. La principal fuente de tierras aptas para la reforma rural provendrá de la recuperación por parte del Estado de tierras que hoy poseen narcotrafi­cantes y delincuentes.

La experiencia mundial y colombiana indica que para que estas conversaciones fructifiquen es necesaria una dosis de confidencialidad. Negociar por los micrófonos es la mejor forma de frustrar el proceso. Pero tal como está acordado por ambas partes, un Acuerdo final debe ser sometido a refrendación de toda la ciudadanía, previo un período de discusión abierta y profunda.

El Marco Jurídico para la Paz contempla los límites generales de una estrategia integral de justicia transicional que necesariamente ten­drá que enmarcarse en las obligaciones interna­cionales del Estado colombiano. La integralidad se refiere, por un lado, a lograr una aplicación coherente de una serie de distintas medidas  judiciales y extrajudiciales para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; y de otro, a permitir la reintegración sostenible de los ex combatientes a la vida civil.

Todo el esfuerzo que adelanta el Gobierno para lograr la terminación del conflicto debe concluir en un fortalecimiento integral de la justicia y el imperio de la ley en todo el territorio nacional, lo cual es la verdadera garantía de no repetición. El tratamiento jurídico de quienes hayan participado en graves violaciones a los DDHH en la fase de transición depende de su disposición a reconocer su responsabilidad, hacer frente a sus víctimas y participar activamente en la reconstrucción de la verdad y la reparación de las víctimas.

Respeto todas las miradas y opiniones, pero desde lo personal y desde mi convicción humanista y liberal, votaré con Santos porque ha avanzado en este proceso con toda la convicción y seriedad, porque creemos que es garantía para continuar en la ruta de la terminación de este fratricida conflicto, porque creemos en la construcción de una paz justa, de una paz digna y por tanto, de otro país posible, en el que ante todo, se respete y se valore la vida; un país equitativo, con inclusión y oportunidades para todos, en el que se cristalice nuestro mayor sueño colectivo, que Colombia sea por fin, un verdadero Estado Social de Derecho.

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