El debate de la reversión en TMC

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El pasado 24 de febrero, la Corte Constitucional promulgó la Sentencia C-555/13 que establece que los operadores de Telefonía Móvil Celular –TMC-, deben revertir a la Nación la infraestructura de redes que implementaron entre 1994 y el 28 de marzo de 2014.


Esta sentencia ratifica los argumentos que expusimos en defensa del patrimonio público y de los derechos de los usuarios, durante los diferentes debates que adelantamos sobre este tema, especialmente el del 27 de noviembre de 2012, cuando solicitamos a la Contralora Sandra Morelli revisar los contratos de concesión de los operadores de la TMC, con la tesis de que estos fueron firmados antes de la Ley 422/98 con la figura de la Reversión y por tanto, las redes, frecuencias electromagnéticas y demás infraestructura, deberían revertir a la Nación una vez finalizados los contratos.

Hemos expresado que esta decisión de la Corte no sólo beneficia al fisco, que debe recibir infraestructura por más de $10 billones, sino fundamentalmente a nación que somos todas y todos los colombianos, en especial a los usuarios, que con el pago de las tarifas por la prestación del servicio, amortizaron el valor de las redes para la prestación del servicio de TMC. Los colombianos merecen una explicación clara, precisa y detallada sobre lo que significa la reversión y la forma como se está ejecutando por parte de los proveedores de servicios de TMC y del Gobierno Nacional la sentencia.

Como aparentemente la reversión no se ha ejecutado, o al menos no se ha explicado al país la manera como ello se hizo, es importante que tanto el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Contraloría, como organismos de control y protección del patrimonio público y la Procuraduría General de la Nación garante de la protección del orden jurídico, le den la tranquilidad al país, de que lo ordenado por la H. Corte Constitucional no terminará siendo letra muerta.

En tal sentido, hemos citado a un nuevo debate en la comisión Sexta y otro en la Plenaria del Senado de la República, al Ministro TIC, Doctor Diego Molano Vega, para que expliquen en sesión de la Comisión VI de Senado sobre los siguientes aspectos. De igual manera se solicita invitar a la Señora Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, y al Señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, para que se responda, entre otras, a las siguientes preguntas:

  • ¿Cuál es el valor estimando de las redes y demás activos que deben ser revertidos a la Nación? ¿Cuál es el estado de las redes? ¿Qué medidas se han adoptado para la entrega de la red y la totalidad de equipos e instalaciones esenciales asociadas a la prestación del servicio de telefonía móvil celular a la Nación? ¿A partir de qué fecha se hará entrega real y efectiva de estos bienes que pertenecen a la Nación?
  • ¿El señor Ministro establecerá si en criterio del Gobierno nacional la ampliación de permisos para el uso de frecuencias para el servicio de TMC por treinta años, está dentro de la orientación del artículo 75 de la Constitución y de la doctrina constitucional contenida en la sentencia C-403 de 2010?
  • ¿El señor Ministro explicará que medidas ha adoptado el Gobierno para que los bienes, redes, equipos y soportes lógicos utilizados en la prestación de la TMC puedan ser utilizados en condiciones de igualdad por los diferentes prestadores de telecomunicaciones y para que se utilización se refleje en beneficios para los usuarios?
  • ¿El señor Ministro explicará al H. Senado si los bienes revertidos corresponden a la totalidad del tiempo en que se ejecutó la concesión o si se refiere solo a parte del mismo y en el último  caso cuál es el fundamento de la decisión?

La Señora Contralora General de la República y el señor Procurador General de la Nación deberán explicar las acciones, medidas y prevenciones tomadas por sus correspondientes despachos  con el fin de que se obtenga el debido cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-555-13 y en relación con las competencias de prevención que se derivan de sus cargos.

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