La reversión: el revolcón total en celulares

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La Corte Constitucional a través de contundentes sentencias, ha ratificado la vigencia de la teoría constitucional del servicio público en Colombia. A los pronunciamientos sobre mínimo vital en servicios públicos domiciliarios, y sobre la obligación de las autoridades de adoptar medidas que contengan acciones afirmativas o discriminaciones positivas a favor de los recicladores, ha venido a sumarse la que sin duda será la sentencia que más haga repensar el alcance de nuestro modelo en materia de servicios públicos, la Sentencia C-555-13, que ordena la reversión de activos en materia de concesiones del servicio de telefonía móvil celular.

Aunque ya se conocía en términos muy generales, sólo esta semana se publicó el contenido de la sentencia C-555-13, por la cual la Corte Constitucional ordenó la reversión al Estado de las redes y “bienes” asociados a la prestación del servicio de telefonía móvil celular, que en Colombia se ha prestado durante los últimos veinte años a través de contratos de concesión.

A pesar de que ligeramente algunos piensan que la sentencia genera inseguridad jurídica, lo que hace la Corte es todo lo contrario. Tal como se deduce del contenido del fallo, la sentencia no hace cosa diferente que hacer cumplir los contratos celebrado conforme la ley 37 de 1993, que según algunas lecturas, en forma extraña, la ley 422/98 habría modificado los contratos, después de cinco años de ejecución.

Pero en honor a la verdad, lo que realmente ha sucedido es que se han respetado los contratos originales y se ha rescatado para los colombianos un patrimonio que ha estado a punto de perderse, pues no obstante que la concesión está a punto de terminarse no se conocen las acciones adelantadas por el Ministerio de TIC en la vía de poner al servicio de los Colombianos las redes y demás bienes asociados al servicio que deben entregársele.

Con la sentencia C-555-13 publicada, se muestra claramente el valor y alcance del ejercicio del Control Político en nuestro país, pues la demanda que generó el pronunciamiento de la Corte y que valerosamente presentó la Contralora General de la República, fue en producto de un profundo debate que sobre la materia adelanté en la Comisión Sexta del Senado, en el que demostré que los bienes que se ordena revertir, son propiedad de la Nación y no de los concesionarios, como algunos lo querían dar a entender.

Sin lugar a dudas esa sentencia constituye la providencia más importante que la Corte Constitucional haya expedido en mucho tiempo en el país, en materia de servicios públicos y uno de los pronunciamientos que con mayores efectos se ha expedido en materia de protección de los usuarios de los servicios públicos y del patrimonio público en Colombia.

Así como para el otorgamiento de la Concesión de telefonía celular y de PCS ha sido necesario escuchar al Congreso de la República y a través del mismo a todos los sectores nacionales, es necesario que para decidir el futuro de los activos asociados a la prestación de las telecomunicaciones móviles se les escuche de nuevo, pues la Sentencia de la Corte no puede reducirse a unos beneficios económicos que recibirán las arcas del Estado y unos pagos menores que realizan los celulares, el efecto de la sentencia es bien diferente y podría generar un cambio sustancial en las políticas públicas que sobre esta materia adelanta el Estado.

Como ya lo hemos venido sugiriendo, es la oportunidad para que el Estado Colombiano, ejerza el dominio sobre todos los activos de telecomunicaciones celulares a nombre de los usuarios, ponga las redes a tarifas muy bajas al servicio de todos y recobre la dirección y control de estos importantes servicios públicos no domiciliarios prestados por los particulares.

Por lo pronto, lo mejor sería que el Gobierno suspenda si intención de ampliar a treinta años los actuales permisos para uso del espectro de los operadores celulares y que con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio adopte solo unas medidas transitorias que ya debería haber implementado y que en ningún caso puede ser ampliar las actuales autorizaciones, pues ello materialmente sería estar en contravía del sentido material del fallo.

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