Corte da la razón al Senador Eugenio Prieto y a la Contralora Sandra Morelli

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Mediante sentencia C-555 de 2013 , la Corte Constitucional ratifica la figura de reversión para las redes e instalaciones esenciales asociadas al servicio público que los operadores de Telefonía Móvil Celular, conforme a las leyes 37 y 80 de 1993. Una de las grandes defensas del Senador liberal Eugenio Prieto Soto.

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Durante el debate de control político del 27 de noviembre de 2012, el Senador Liberal Eugenio Prieto Soto le solicitó a la Contralora Sandra Morelli revisar los contratos de concesión de los operadores de Telefonía Móvil Celular –TMC-, insistiendo en que los que fueron firmados antes de 1998 contenían la figura de la Reversión y que las frecuencias electromagnéticas, como las antenas e infraestructura, deberían ser devueltas a la Nación una vez finalizados los contratos.

Hoy, la Corte le da la razón al Senador Prieto Soto al promulgar la sentencia C-555 de 2013, que establece que el 28 de marzo de este año –al vencer los contratos-, Movistar y Comcel deberán devolverle a la Nación la infraestructura de redes que implementaron entre 1994 y 1998. De igual forma, señala que el Ministerio TIC deberá regular dicho procedimiento, y que la Procuraduría y la Contraloría estarán a cargo de la supervisión.

En ese sentido, la sentencia establece que “los contratos celebrados con antelación a la entrada en vigencia de las leyes 422 de 1998 y 1341 de 2009 suponían para el Estado el derecho de propiedad sobre los bienes empleados en la concesión”.

Esta histórica sentencia para el mundo de las telecomunicaciones en Colombia, además estipula que: “no es inconstitucional la reversión tal como la establecen las normas demandadas; lo que resulta inconstitucional es su interpretación en el sentido de que ellas modifican las cláusulas de reversión pactadas antes de su entrada en vigencia.”

Coincidiendo con lo planteado por Prieto Soto, en sus debates de control político, el documento precisa que “quienes celebraron contratos de concesión antes de la entrada en vigor de la ley acusada, no pueden alegar ahora que obligarlos a entregar los bienes supondría un detrimento injusto de sus intereses, porque en su momento, cuando los suscribieron, tuvieron oportunidad de incluir en sus estudios financieros la amortización de los bienes usados de la concesión”.

Por su parte, el Senador Eugenio Prieto Soto, quien ha defendido contundentemente esta tesis, manifestó que “Es importante destacar, que esta decisión de la Corte no beneficia el fisco del Estado, sino a los usuarios, al reconocer que con el pago de las tarifas por la prestación del servicio, pagaron el valor de las redes y, por tal razón, el Ministerio TIC deberá adoptar las decisiones que más favorezcan a todos los usuarios y permitir la más amplia y democrática utilización de esas redes y de los demás activos que deberán revertir los operadores a la Nación.”

El Senador concluyó que con esta sentencia histórica, la Corte reitera su posición de guardiana de la Constitución y de la teoría constitucional de servicio público no domiciliario a la luz del Estado Social De Derecho.

De igual forma, manifestó que “el Gobierno Nacional deberá hacer un alto en el camino, teniendo en cuenta lo estipulado en la sentencia, y garantizar a todos los usuarios la continuidad la prestación del servicio de TMC”. Además, hizo un reconocimiento a la Contralora General de la República quien siempre apoyó su tesis y defendió con verticalidad los intereses de la Nación.

 

Conozca la sentencia completa en: C-555 de 2013

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