Los invidentes accederán al ciberespacio

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CONVERTICEn desarrollo de la Ley 1680/13 -propuesta legislativa en que acompañé como coautor al Senador Juan Manuel Galán-, esta semana se presentó la estrategia ConVertic –Tecnología para ver-, uno de los desarrollos más incluyentes de las TIC, a través del cual se facilitarán las condiciones tecnológicas, para que más de 1.200.000 personas ciegas o con discapacidad visual en Colombia, puedan descargar en forma gratuita el software Jaws, un lector de pantalla, que les permitirá acceder con autonomía e independencia a las TIC, a la educación, al trabajo, apropiar el conocimiento, interactuar socialmente y en general, vincularse a la sociedad de la información.

De esta acción ordenada por la Ley 1680/13, puede inferirse: que las tecnologías pueden ponerse al servicio de los seres humanos y no de su destrucción, que los gobernantes pueden tener como prioridad el mejoramientos de la calidad de vida de sectores discriminados de la sociedad; que se avanza hacia la igualdad cuando se adoptan verdaderas medidas afirmativas; que el gasto público puede orientarse a la inversión social y que en nuestra tarea legislativa, los congresistas debemos entender como prioritarios los asuntos de inclusión y sustancial sentido social.

Como congresistas, al senador Juan Manuel Galán y a mí, nos unen varios propósitos que compartimos tanto en relación con la necesidad de poner las telecomunicaciones al servicio de la sociedad, proteger a los usuarios y vincular a todos los colombianos a la sociedad de la información; como, el espíritu social y democrático propio de los liberales de este tiempo, que nos lleva a entender que la democracia tiene un alto componente de carácter económico y social.

La democracia social, y el Estado Social de Derecho, son mucho más que una proclama política, pues la cláusula social, llena de contenido lo que antes era puramente declarativo y programático. Leyes como la 1680/13, que contienen discriminaciones positivas o acciones afirmativas a favor de un sector vulnerable de la sociedad, son las que en la práctica nos llevan a entender con claridad, cuál es el verdadero alcance del inciso segundo del artículo 13 de nuestra Constitución, que prescribe: “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.

Cuando las acciones de Gobierno se orientan, como en este caso, a la protección del débil y a ser un real instrumento que le permite a los ciudadanos excluidos vincularse a la sociedad, se comprende con claridad el profundo contenido de la doctrina social y de la teoría del servicio público defendida por las escuelas francesas, orientadas por la proclama de que el Estado justifica su existencia porque presta servicios públicos y porque opera como un factor de equilibrio en la sociedad.

Para los defensores de la teoría del servicio público contemporánea, su núcleo se encuentra en poder adoptar medidas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y es allí donde debe mirar el Estado. El servicio público lo es, porque atiende la satisfacción de necesidades de carácter colectivo, continuo y permanente de grupos significativos de la sociedad, y que más significativo en este caso que grupos de personas con discapacidades que les han generado limitaciones y exclusiones, que se les posibilite acceder a la sociedad de la información.

Con la puesta en marcha de la Ley 1680/13, no sólo se logrará que las personas con limitaciones visuales se incorporen a la sociedad de la información, sino que también esas personas podrán rápidamente vincularse o mejorar su vinculación al aparato productivo nacional, con ello no sólo contribuirán al desarrollo del país, sino que a través muy seguramente de la teleeducación y del teletrabajo dignificarán notoriamente sus propias vidas.

Con acciones como las que adelantamos pasamos de la ejecución de obras de misericordia y del reconocimiento pasivo de los más limitados, a un nuevo rol, el de reconocerlos en su verdadero valor e incluirlos en el aparato productivo de la sociedad; se trata de una verdadera inclusión y de un verdadero reconocimiento al valor de la dignidad humana.

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