Mínimo vital, la Corte trazó el camino

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04 servicios para todosDecisiones de la Corte Constitucional, como la que ordena a los operadores revertir al Estado las redes con las que se presta el servicio de telefonía móvil celular; o la que obliga a separar en el servicio de aseo la actividad de aprovechamiento, para poder proteger a la población recicladora; o las que ha expedido en materia de debido proceso y mínimo vital en servicios públicos domiciliarios, dejan en claro que no todos somos participes radicales de las teorías económicas del mercado, que muchos creemos en el contenido social de los servicios públicos, en especial en su universalización y en los usuarios como su principal razón.

En materia de servicios públicos, al liberalismo económico y a la economía de mercado, la Corte le viene contestando con decisiones sociales y con discriminaciones positivas a favor de los más vulnerables. Los significativos avances derivados de las sentencias de la Corte no solo reflejan instituciones propias del Estado Social de Derecho, sino que dejan en claro que los servicios públicos no pueden tener simple trato de mercancías que se compran y se venden libremente en un mercado en competencia.

Por tanto, contrariando el análisis de los expertos en derecho económico, con la expedición de la sentencia T-348-13, la Corte Constitucional continua en su tarea de construir una línea jurisprudencial, cada vez más decantada, coherente y sólida, que confirma la tesis según la cual en Colombia está plenamente vigente la teoría del servicio público. Criterio básico que tomamos para elaborar y radicar el Proyecto de Ley 101/13-Senado, por el cual se reglamenta el mínimo vital en servicios domiciliarios y se definen unos mecanismos de fomento para la financiación de las TIC en el ámbito territorial.

En este camino que nos traza la Corte, cada vez es más claro que el mínimo vital está asociado al deber del Estado de garantizar su universalización en condiciones de alta calidad a todos los habitantes del territorio; que se trata de un derecho no solo asociado al derecho al agua sino a todo tipo de servicio público. El fundamento de este derecho esta contenido directamente en la Constitución y deriva de los mandatos del artículo 365 de la Carta, lo que permite prever que día a día se ampliará su alcance.

La Corte Constitucional con la sentencia T-348-13, deja claro que el fundamento del derecho a la universalización de los servicios públicos, se encuentra en los mandatos del artículo 365 de la Constitución Política, con ello se han sentado las bases de las futuras discusiones en relación con el alcance y el fundamento del derecho al mínimo vital en la totalidad de los servicios públicos, y por ende que no solo se garantice el acceso al servicio de agua, y ni siquiera a los servicios domiciliarios, sino a toda clase de servicios públicos, incluyendo por supuesto servicios como salud, educación y trasporte, entre otros.

Los avances de la Corte en esta materia demuestran, entonces, que es necesario que el Congreso de la República se encargue del asunto y que sea la Ley la que defina los mecanismos de suministro y las condiciones que los usuarios deben cumplir para ser beneficiarios, entre otros aspectos asociados a la prestación del servicio, para que no sean los jueces quienes, ante la ausencia de mecanismos reguladores y de policía administrativa adecuados, deban proteger a los usuarios a través de sentencias, lo que sin duda congestiona la actividad judicial y obliga al juez a llenar los vacíos que debieron ser cubiertos por otro tipo de autoridades.

Para garantizar el mínimo vital y mantener la sostenibilidad y viabilidad de las empresas y del servicio, propósito fundamental del Proyecto de Ley 101/13-Senado –al que nos referiremos en otra oportunidad-, es procurar los mecanismos de financiación adecuados, determinar el origen de los recursos que deben destinarse a atender el pago, sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas, de lo contrario, en algunos de los municipios del país, en pocos días, el sistema será deficitario, la sostenibilidad inviable y el derecho al mínimo vital no sería aplicable.

La Corte ha trazado el camino que sin duda debemos seguir, lo que esperamos es que este camino sea seguido por muchos y que la teoría social de los servicios públicos se acoja por todos, de manera definitiva.

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