Mínimo vital, una bandera social

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Pocas iniciativas legislativas tienen el contenido económico y la trascendencia social que tiene el proyecto de ley 101/13-Senado, reglamentar por la vía legislativa, el derecho al mínimo vital en servicios públicos domiciliarios y las tecnologías de la información en forma universal, es decir, para todos los colombianos, tal como lo declara el artículo 365 de la Constitución, al reiterar una proclama de Estado Social de Derecho: “los servicios públicos son inherentes a la función social del Estado”.


En este sentido, el camino que ha construido la Corte Constitucional desde la sentencia C-150/03, fortalecido en los últimos años con la T-616 y T-717 /10 y T-793/12, debe ser continuado por el Congreso y el Gobierno que están en la obligación de acatar el precedente constitucional y de hacer efectivas las más mínimas garantías que la Constitución le otorga a todos los Colombianos. La teoría del servicio público en Colombia, hace referencia a la prevalencia de la “solidaridad” sobre la teoría económica de los mercados y de la equidad y justicia social sobre los precios económicos eficientes y la concentración del capital en unas pocas manos.

Lo que se deriva de la doctrina que la Corte Constitucional ha venido consolidando, y contrario a lo que la teoría económica pueda pensar, es que los servicios públicos no son mercancías, y ni siquiera constituyen una actividad económica de carácter industrial y comercial, en realidad se trata de actividades a través de las cuales se satisfacen necesidades esenciales, colectivas, continuas y permanentes, que como tal, justifican la intervención del Estado en la Economía, para garantizar el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo de la sociedad.

El proyecto de ley 101/13-Senado, que parte de estos precedentes constitucionales, busca: (i) que el mínimo vital haga referencia a todos los servicios domiciliarios y tecnologías de la información y las comunicaciones; (ii) desjudicializar el derecho, para que no sea necesario que las personas más pobres tengan que acudir a instancia judicial para la protección de sus derechos; (iii) que la financiación del servicio se le imponga a los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos, sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema y la viabilidad de las empresas, y (iv) exige el debido proceso antes de suspender los servicios con el fin de generar una oportunidad para que los usuarios puedan solicitar el reconocimiento del derecho ante la propia empresa; en síntesis, se busca ordenar el tema y llenar un vacío legislativo que cada vez es notorio.

Se reitera que en materia de servicios públicos, aún en los casos en que sean prestados por los particulares, lo primordial es su función social, que las tarifas deben tener componentes de solidaridad y redistribución de ingresos y que en últimas, es deber del Estado intervenir esta clase de servicios para proteger a los más débiles y procurar el desarrollo integral de la sociedad.

Con el trámite del proyecto de ley 101/13-Senado, se continuará en la discusión nacional, sobre el deber social que tienen el Estado Colombiano y los propios ciudadanos de colaborar para que los sectores sociales con menor capacidad de pago puedan tener acceso a un mínimo de servicios que les procure una vida digna y les facilite su participación en el bienestar y en el desarrollo.

Con esta iniciativa, que el partido liberal no ha dudado en proponer y liderar, se busca hacer justicia social en Colombia y establecer reglas básicas para promover el derecho de todos los colombianos a los servicios públicos, y que los mismos sean gratuitos en casos especiales, para las personas que no tienen capacidad de pago y a quienes se afecten derechos fundamentales en el caso de que los servicios les lleguen a ser suspendidos o cortados.

Ojalá en pocos días podamos dedicar estas líneas a comentar, qué con el respaldo del Congreso y el Gobierno hemos logrado sacar adelante lo que por ahora es apenas una propuesta, y qué avanzados en construcción de equidad y justicia social hemos hecho especialmente digno nuestro paso por el Congreso de la República.

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