El desmonte de las cláusulas de permanencia mínima

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El pasado miércoles, durante la realización en Medellín de la segunda mesa de trabajo por la calidad, la competencia y la protección a los usuarios de la telefonía móvil celular, el doctor Pablo Márquez, director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC-, anunció la expedición de normas regulatorias para la prohibición de las cláusulas de permanencia mínima en los contratos de prestación de servicios de comunicaciones móviles.

Esta decisión “…implica que los proveedores deberán separar completamente los contratos de compraventa o de cualquier modo de adquisición de los equipos terminales móviles de los contratos de prestación de servicios de comunicaciones móviles, en aras de otorgar una mayor transparencia en la información de los usuarios y así estos reciban la información correcta tanto de los precios de los servicios de comunicaciones como de los equipos terminales móviles y seleccionen aquel plan tarifario que mejor se adapte s su consumo, y en ultimas se maximice el bienestar de los usuarios”.

Por considerarla de notoria trascendencia para los usuarios, acompañamos esta decisión del organismo regulador, que busca hacer más trasparente la relación de los usuarios con los operadores, tal como lo expresaos en el Proyecto de Ley -No 259S/13- de nuestra iniciativa, que tiene en cuenta la CRC en su estudio y en su Proyecto de Resolución, en el cual fundamentamos que frente a la masificación de los servicios de telecomunicaciones, los medios convencionales de vigilancia y control, no son suficientes para proteger a los usuarios, de allí la necesidad de establecer mecanismos especiales, que le permitan a los mismos usuarios hacer valer sus derechos, frente a la posición dominante de los proveedores de servicios.

Por ello, insistimos, que uno de los mejores mecanismos de protección del usuario, es libertad de elegir o escoger libremente a su proveedor de servicios y dar por terminada su vinculación con el proveedor e iniciar una nueva relación comercial con otro prestador del servicio, cuando lo considere necesario, por problemas de atención o calidad en la prestación del servicio.

En este sentido, es que hemos rechazado y propuesto desmontar dos cláusulas contractuales que han ido en contra del derecho de los usuarios de escoger con libertad al proveedor de servicios. De un lado, las denominadas “ventas atadas”, y del otro, las de “permanencia mínima”; mecanismos legales, pero injustos, que le permiten al proveedor de los servicios, impedir al usuario ejercer sus derechos. Cuando el usuario celebra este tipo de compromisos o suscribe ese tipo de cláusulas, en la práctica lo que hace es renunciar al ejercicio de sus derechos.

Mediante las ventas atadas, el proveedor asocia dos negocios jurídicos que en materia de servicios de telecomunicaciones son plenamente separables, el contrato de la compraventa del terminal, con el suministro de las facilidades propias del transporte de señales radioeléctricas, que en la actualidad es propiamente el servicio de telecomunicaciones.

Obligar a que los proveedores de servicios que además venden terminales a separar los negocios y ofrecer el mismo precio por el terminal a sus usuarios y a los de terceros operadores, como lo hemos propuesto en el Congreso y como lo regulará la CRC, sin duda será un avance positivo en la defensa de los usuarios de estos servicios en Colombia.

Otro tanto se presenta con la cláusulas de permanencia mínima que obligan a los usuarios a no cambiar su proveedor de servicios por un tiempo significativo y a mantener el contrato, con independencia de su nivel de satisfacción por los servicios recibidos y la calidad con la que los mismos le han sido suministrados, se trata de una renuncia al derecho de dar por terminado el contrato por un tiempo, lo que facilita que frente a ese usuario se desarrollen prácticas que pueden constituir abuso de la posición dominante sin que nada pueda hacer por liberarse de las cadenas que con la suscripción del contrato que el mismo ha aceptado.

La Constitución de 1991 nos pone ante una indiscutible realidad, la primacía del derecho material, sobre lo puramente formal, predicar derechos de los usuarios, pero a la vez permitir la existencia de cláusulas contractuales como las comentadas, era absolutamente contradictorio.

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