Más recursos para la educación superior

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Durante el trámite legislativo del Plan Nacional de Desarrollo -PND-, Ley 1450/11, llamamos la atención sobre una ambiciosa pero interesante meta y sobre los mecanismos e instrumentos propuestos para alcanzarla: Lograr al 2014 una tasa de cobertura en educación superior del 50%. Lo que significaba incrementar en 4 años, 13 puntos, al pasar del 37 al 50%. Es decir, incrementar como mínimo, más de 3 puntos promedio año.

En los últimos 10 años, con mucho esfuerzo, sólo logramos incrementar un punto promedio año, al pasar del 30 al 40%. Sin la existencia de instrumentos reales de acceso, expresamos nuestro respetuoso escepticismo sobre la meta de incrementar más de 3 puntos promedio año. No obstante la buena voluntad del Gobierno, con la situación del actual sistema educativo y del modelo de financiamiento de la educación superior, la meta propuesta en el PND del 50% al 2014, es inalcanzable, es imposible.

Por tal razón y con el propósito fundamental de buscar recursos para el aumento de cobertura en educación superior pública e ir cerrando semejante brecha de exclusión, en el marco de la discusión y aprobación de la Reforma Tributaria -Ley 1607/12-, propusimos un punto adicional al Impuesto de Renta para la Equidad -CREE-. Nuestra propuesta, avalada por la bancada del Partido Liberal, fue aprobada mayoritariamente con el apoyo de congresistas de todos los partidos.

Inicialmente en la Plenaria del Senado, se aprobó el punto adicional del CREE de carácter permanente. Ideal en la búsqueda de cerrar la brecha. En la Cámara se aprobó temporal, para las vigencias 2013, 2014 y 2015. Se logran recursos adicionales por alrededor de $4 billones, para distribuirlos así: $1.5 billones para educación superior, $1.2 billones para salud y $1.2 billones para el sector agropecuario.

Nos satisface este logro por el impacto positivo en el país en estos tres sectores estratégicos del desarrollo social, pero los esfuerzos para avanzar con paso firme en la superación de la trampa social de exclusión y marginación en la que nos encontramos atrapados, en medio de elevados niveles de concentración de riqueza, en contraste con la pobreza e inequidad, no pueden ser temporales, deben ser permanentes.

En lo referente a la educación superior, tema de nuestro énfasis en el día de hoy, el pasado 3 de septiembre, el Gobierno Nacional expidió la Resolución 2839, por medio de la cual se trasladan los primeros $200 mil millones a 59 Instituciones Públicas de Educación Superior en Colombia.  En esta primera asignación, Antioquia, Medellín y Envigado -que han hecho enormes esfuerzos para ampliar cobertura con recursos propios-, reciben mediante giro directo a sus instituciones, alrededor de $18.000 millones.

No obstante que algunas personas pretendieron que la distribución de estos recursos no incluyera las instituciones universitarias públicas, las técnicas y tecnológicas o los esfuerzos locales -como fue nuestra propuesta-, valoramos que desde los Ministerios de Educación y Hacienda, con la reglamentación expedida -Decreto 1835 del 28 de agosto del 2013-, se respetara el espíritu de la proposición aprobada, incluyéndolas.

Pero el problema no está resuelto, ni lo estará, mientras se excluya del sistema de educación superior al 60% de los jóvenes entre los 17 y los 21 años -más de 3 millones de colombianos-. El desfinanciamiento del sistema, hace imperativo recurrir a fuentes ciertas y permanentes de recursos, por ello, seguimos proponiendo utilizar del 4 por mil, un 2 por mil o el punto adicional del CREE para la educación superior, durante dos décadas o el tiempo necesario, para cerrar la brecha.

La cobertura en la educación superior debe incrementarse en el país en aras de la equidad social y para ello son necesarias fuentes ciertas de recursos que posibiliten la financiación y construcción de una política pública incluyente, que garantice cobertura y acceso al sistema de educación superior en condiciones de igualdad para todos los jóvenes de Colombia, millones de los cuales, aún esperan hacer parte real y material de ese imaginario colectivo y democrático llamado, Estado Social de Derecho.

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