Reversión en concesiones

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Con el proceso de apertura, liberalización y prestación de servicios públicos por parte de particulares, se pone en el orden del día una discusión de la mayor importancia. La relativa a establecer si cuando el Estado mantiene una actividad como servicio público, como en el caso de los servicios públicos domiciliarios y las telecomunicaciones, puede el mismo Estado libremente desprenderse de la propiedad de las redes e instalaciones esenciales con las cuales se prestan esos servicios.

Con el fin de regular este tipo de relaciones jurídicas, en el ámbito del derecho administrativo se han reglamentado bajo diferentes modalidades los contratos de concesión, los cuales permiten a terceros, en forma temporal, prestar servicios públicos bajo su responsabilidad, a cambio de una remuneración, tal como claramente lo dice el artículo 32 de la ley 80 al definir este tipo de contratos que están sujetos a la reversión de los activos destinados a la prestación del servicio, como acertadamente lo reconoce la doctrina constitucional contenida en la sentencia C-250 de 1996.

El contrato de concesión, que por su naturaleza es temporal, no puede ser entendido como el simple traslado de un monopolio público a un monopolio privado, o que en virtud del mismo los particulares terminen obteniendo el dominio a perpetuidad de bienes cuya destinación debe estar en manos de entidades estatales, que es lo único que le permite al Estado garantizar la eficiente prestación de los servicios.

No solo por el hecho de que la reversión puede derivarse del contenido de los artículos 19 y 32 de la ley 80 de 1993, y porque así se deduce de la doctrina constitucional vigente, sino porque tratándose de medios estratégicos para el desarrollo económico y social del país, no resulta lógico, ni razonable ni mucho menos justo, que los particulares favorecidos con estas concesiones, al terminar sus contratos aleguen que son propietarios de todos los bienes que se utilizaron para la prestación de los servicios públicos y que por tanto, salvo que se les reconozca “monopolio” para el uso de esos bienes, el Estado queda sujeto a la voluntad de ellos que, paradójicamente, antes sólo habían recibido una concesión del Estado.

La reversión es, ante todo, elemento natural del contrato de concesión, pues es a través de esta institución como el Estado puede garantizar continuidad en la prestación de los servicios públicos. Y no puede ser de otra manera, pues la infraestructura y en particular las redes e instalaciones esenciales se constituyen en medios sustanciales y necesarios para la prestación de esta clase de servicios y no parece “jurídicamente” correcto afirmar que un concesionario al vencerse el plazo contractual para prestar un servicio tenga derecho a que el servicio no se preste, o se preste en forma ineficiente como podría suceder en muchos casos.

Lo ocurrido en Bogotá, al culminarse en diciembre pasado las concesiones de los operadores privados para la prestación del servicio de aseo y la forma como el Distrito se vio obligado a atender la emergencia generada, es sólo un llamado de atención de lo que podría ocurrir si los múltiples concesionarios de servicios como acueductos, vías, aeropuertos o telecomunicaciones, deciden que no es obligatoria la reversión y que en consecuencia con la terminación de sus contratos se hacen propietarios de los activos con los que han venido prestando los servicios.

La situación se hace mucho más grave cuando se toma en cuenta que los modelos tarifarios aplicables en Colombia, les permite a los proveedores de servicios recuperar sus inversiones, pues ello en la práctica no es nada diferente al hecho de que los usuarios paguen el valor de las redes que finalmente terminarían siendo propiedad de los inversionistas privados, que más que concesionarios se convierten en propietarios de las redes, los servicios, los usuarios, los bienes públicos, el desarrollo económico, y hasta de la soberanía.

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