Un mejor escenario para las telecomunicaciones estatales

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Con la evolución sectorial iniciada con la Ley 72 de 1989, los operadores privados de telecomunicaciones han conseguido escenarios más favorables para acceder al mercado y poder competir con los operadores estatales, que históricamente se habían encargado de hacer inversiones e instalar la red telefónica que cubría buena parte del territorio nacional. Esta mutación sectorial ha llegado a un punto tal, que en la actualidad, paradójicamente, le corresponde a las entidades estatales pedir que se les permita competir en condiciones de igualdad con los privados y que el Estado haga valer sus facultades para intervenir la economía y garantizar la libre competencia, la equidad y el desarrollo social.

Esta evolución sectorial que a la postre ha privilegiado el capital privado sobre el ahorro público, ha permitido el desarrollo de un escenario en el cual los operadores de servicios públicos privados pueden tener posición dominante, no garantizar el pleno ejercicio de los derechos por parte de los usuarios, degradar la calidad de los servicios y no tener un claro compromiso de universalización ni de atender en forma prioritaria a los sectores vulnerables de la población. Cada vez se han hecho nuevas concesiones a los operadores privados, al punto de que han adquirido posición mayoritaria en el mercado, tienen dominio sobre las redes de telecomunicaciones y posición privilegiada en el uso del espectro radioeléctrico, en el que por mandato constitucional debe impedirse el monopolio y garantizarse el acceso democrático.

Con el argumento de permitir la expansión de las redes y la masificación de los servicios, se permitió que las nuevas redes de telecomunicaciones, tanto las alámbricas como las inalámbricas, se interconectarán con las redes establecidas y se fijaron cargos de acceso, uso e interconexión que muchas veces no colmaron la expectativas de los operadores locales, pero que tomando como referencia la protección de los usuarios y la universalización de los servicios, en muchas oportunidades se impusieron en forma unilateral a los operadores locales aún en contra de su voluntad y desconociendo diferentes tipos de razones jurídicas. Es de esperarse que el efecto de la aplicación del derecho Andino, nos lleve a ajustar, entre otras, las normas sobre remuneración por el uso de redes locales.

Se requiere por tanto, dentro del estado actual del sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, una decidida acción del Congreso y del  Gobierno  que  defina reglas claras sobre el futuro del sector, con las cuales (i) se restrinja el poder de mercado de los operadores con posición dominante; (ii) se garantice el acceso democrático al espectro radioeléctrico y se fijen reglas que impidan el monopolio en el uso de este bien público que le pertenece al Estado; (iii) se establezcan un conjunto de mecanismos jurídicos que viabilicen el ejercicio de los derechos de los usuarios; (iv) se acaten las orientaciones de la comunidad Andina en materia de interconexión y se remunere en forma justa el uso de las redes locales; (v) se fijen reglas claras de servicio universal y se reconozcan en forma razonable los subsidios a que tienen derecho los usuarios;  (vi) se fijen las reglas dentro de los cuales los operadores de telefonía móvil celular realizaran la reversión de sus redes al Estado, una vez culminen sus actuales concesiones; y (vii) se le permita a todos los operadores estatales actuar bajo condiciones de convergencia.

Así como hace años se tomaron medidas para impedir la posición dominante de los operadores fijos y permitir que los móviles ingresaran al mercado, que en la actualidad se avanza en el trámite del proyecto de ley antimonopolio y en la adopción de medidas asimétricas en relación con operadores con posición dominante, hoy es apenas de justicia definir una agenda Nacional que les permita a los operadores estatales competir en condiciones de igualdad y de equidad con los privados.

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