Inasistencia alimentaria

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En Colombia, el desarrollo normativo frente a la vulneración de derechos al interior de la institución familiar ha sido tan limitado que resulta insuficiente para atender la magnitud de la problemática. En el contexto de América Latina presentamos uno de los mayores índices en materia de violencia económica asociada a la inasistencia alimentaria.

Los instrumentos legales existentes para hacer exigible la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no parecen funcionar, ya sea porque son insuficientes, o no son aplicados eficientemente, o no son efectivos. Es preocupante además, que al alto número de casos que se indican sobre este delito, la violencia económica ejercida y la impunidad que representa, se le una el difícil acceso a la justicia.

Tres tipos de instrumentos legales están dirigidos a garantizar los derechos y sancionar su incumplimiento: (i) los alimentos que se deben por ley, Código Civil; (ii) el Derecho alimentario y la mora en el cumplimiento de la obligación, Código de Infancia y Adolescencia; y (iii) el delito de inasistencia alimentaria tipificado en el Código Penal.  Así mismo, los conflictos asociados al incumplimiento o inasistencia alimentaria pueden tramitarse a través de una vía penal, y dos vías administrativas.

Pese a la existencia de estos instrumentos, se presentan múltiples problemas como  limitaciones derivadas de la congestión de los despachos y de los parámetros de asignación de dichas cuotas que las hacen insuficientes; dilación en los procesos; el derecho al acceso a la justicia que tienen las víctimas del delito de inasistencia alimentaria no se garantiza de manera efectiva si el trámite procesal se finaliza en un 53% con la conciliación, más aún si en el total de condenas por este delito representan el 1%.

El Ministerio Público ha expresado: “… la potenciación de la mujer resulta indispensable en la lucha por la igualdad, contra la pobreza y por el desarrollo, es preciso que el Estado en su conjunto tome las medidas necesarias y aplique políticas que garanticen la igualdad, el bienestar y la dignidad de todas las personas, especialmente de las mujeres y las niñas”.

A nivel internacional y en el contexto latinoamericano existen buenas prácticas al respecto. En Estados Unidos, Perú, Uruguay y en ciudades como Buenos Aires y México, se utilizan mecanismos de incumplimiento de las obligaciones por la manutención para con hijos e hijas, como el Registro de Deudores Alimentarios Morosos –REDAM–, que buscan proteger el derecho a la alimentación, entendido como “una acción que sustenta junto con los demás derechos fundamentales, el desarrollo físico, mental y social durante la infancia y etapas posteriores…”.

Con este registro se tiene un control sobre quienes adeudan obligaciones alimentarias, para garantizar el cumplimiento a través de diferentes medidas, entre ellas fundamental, que las instituciones y organismos públicos oficiales del nivel central o descentralizado, no den curso a operaciones bancarias como la obtención de créditos, tarjetas de crédito o apertura de cuenta corriente, entre otras; que no se expida la licencia de conducción; no se otorguen permisos para la apertura de establecimientos comerciales o industriales, ni concesiones; y la prohibición de participar en procesos licitatorios, nacionales, regionales o municipales.

Por estas y otras razones, en conjunto con la senadora Maritza Martínez, radicamos en el Senado de la República un proyecto de ley que pretende crear y poner en funcionamiento el Registro de Deudores Alimentarios Morosos -REDAM-, mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias, que incidirá directamente en las posibilidades financieras y crediticias de los padres que no cumplan con sus responsabilidades.

La iniciativa que defenderemos en el Congreso de la República implica el mejoramiento de los sistemas de identificación, monitoreo y reporte de quienes incumplan su obligación de cuidado y manutención y facilitará que la sanción legal persuada a los demandados para que se abstengan de cometer o de reiterar la conducta delictiva.

2 comentarios sobre “Inasistencia alimentaria

    Alba Elida Cortés Martínez escribió:
    01/02/2013 en 4:34 pm

    Que bien Doctor Eugenio, ojalá se logre este proyecto por elbinestar de las MUJERES y sus FAMILIAS. Un abrazo

    babilon 621 escribió:
    07/01/2013 en 7:08 am

    Es increíble que en los temas de inasistencia alimentaria, la persona que debe demostrar la capacidad de pago del infractor sea la madre; realmente el que debería justificar la falta de trabajo para poder cumplir con su obligación es el padre, aportando pruebas como citaciones a entrevistas de trabajo.

    Es sabido que en este país muchos padres con tal de no responder dejan sus trabajos con contratos fijos, cambian sus propiedades a nombre de otras personas y esto no es castigado por la ley.

    Que pasa con una madre que se queda sin trabajo, lo que ocurre es que sea como sea debe poner el plato de comida en la mesa para sus hijos, el padre simplemente es cobijado por las leyes de nuestro país.

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