Reforma Tributaria y educación superior (2)

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La semana pasada, en mi artículo “Reforma Tributaria y educación superior”, expresé que si lo que buscaba el Gobierno con la reforma es disminuir la pobreza y la desigualdad, no podíamos dejar de lado un problema estructural de exclusión, que nuestra sociedad debe resolver, más de tres millones de jóvenes entre los 17 y 27 años por fuera del “sistema” de educación superior, una verdadera trampa social de inequidad, que para salir de ella, el país requiere de voluntad política para la inclusión y de una fuente cierta y permanente de recursos.

Para tratar de romper la trampa social en la que nos encontramos, durante el debate de la Reforma Tributaria, presenté una proposición acompañado por la bancada en pleno del Partido Liberal Colombiano y de senadores de diferentes partidos: aumentar en un punto adicional el nuevo Impuesto sobre la Renta para la Equidad -CREE-, y destinar los recursos que por este concepto se recauden exclusivamente a la ampliación de cobertura en educación superior a través de instituciones de educación superior públicas; en lo que coincidimos integralmente con el clamor de esta casa periodística, en su editorial del lunes 17 de diciembre: “Reforma Tributaria y universidades públicas”.

No obstante la oposición a esta propuesta por parte del Ministro de Hacienda y de algunos senadores que la consideraban “no viable”, el Senado mayoritariamente, con independencia, la votó a favor, incluyendo la destinación específica de los recursos permanentes a la ampliación de cobertura de la educación superior -cada año serían alrededor de $1.2 billones-, que en unos 10 años continuos, nos hubieran permitido salir de esa trampa social y avanzar con decisión en cerrar esa brecha de exclusión e inequidad que tenemos en Colombia.

Pero en el trámite de la reforma, el espíritu de la propuesta se modificó. Se le dio temporalidad al punto adicional del CREE aprobado, para aplicarse durante las vigencias 2013, 2014 y 2015 y se cambió la destinación específica para distribuirlo 40% para financiación de la educación superior; 30% al sector salud; y 30% al sector agropecuario. Es decir, la conquista del Congreso ya no será permanente sino temporal. No obstante, permitirá recaudar en los próximos tres años, $4 billones para gasto social en esos tres importantes sectores.

Durante esos tres años de vigencia del punto adicional del CREE, la salud tendrá un ingreso de $1.2 billones -$400 mil millones año-, destinados a la unificación de los regímenes contributivo y subsidiado de los planes obligatorios de salud; el desarrollo rural recibirá $1.2 billones -$400 mil millones año-, para invertir de manera pertinente en este sector extensivo en mano de obra, que en la actualidad atraviesa una crisis sin precedentes y necesita del respaldo solidario del Estado, caficultores, paneleros, bananeros, floricultores, entre otros, deberán percibir el alivio.

Aunque nos satisface el cierre social que a la reforma tributaria le da la propuesta que presentamos, lamentamos la modificación que posteriormente se le hizo para que fuera temporal -tres años-, y la no destinación exclusiva de los recursos que impactaría positivamente en la ampliación de la tasa de cobertura en educación superior. Todos los sectores necesitan recursos para resolver sus dificultades, posiblemente algunos logren mejorar con asignaciones temporales, pero para cerrar la brecha de cobertura en la educación superior, necesitamos un esfuerzo superior, constante, permanente, sostenido en el tiempo.

Para la educación superior pública se recaudarán con el punto adicional del CREE, alrededor de $1.6 billones –unos $500 mil millones año- que servirán para iniciar el camino de inclusión, pero lamentablemente, no serán suficientes, porque no serán concurrentes, no serán permanentes, no garantizan continuidad en la ampliación de cobertura. Debemos continuar en la búsqueda de fuentes ciertas y permanente de financiación de la cobertura en la educación superior; más de 3 millones de jóvenes así lo esperan y tiene derecho, si es este realmente un Estado Social de Derecho.

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