Mínimo vital

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La necesidad de armonizar el derecho económico y el ánimo de lucro que legítimamente tienen los proveedores de servicios públicos, con las necesidades de la población y la debida intervención del Estado para proteger los sectores vulnerables de la sociedad, encuentra en el sector de los servicios públicos uno de los mejores escenarios, al tratarse de uno de los temas en los que con mayor intensidad se experimenta la contraposición en los modelos económicos; pues, frente al libre mercado, los pensadores sociales debemos contraponer la protección del débil, a través de la intervención del Estado.

A partir de la sentencia de Tutela T-546 de 2009, la Corte Constitucional ha emitido un amplio número de providencias, podemos hacer referencia a las sentencias T-616 y T-717-10, T-752-11, y recientemente a la T-188 de 2012, que muestran una línea jurisprudencial no solo clara, sino uniforme en proteger los derechos de los usuarios sin capacidad de pago y a quienes con la suspensión de los servicios se les afectan derechos constitucionalmente protegidos.

Llama la atención que en un asunto de innegable justicia social y equidad, sea la Corte Constitucional -y no el Gobierno, ni el Congreso- quien haya liderado el proceso de transformación radical de derecho de los servicios públicos y permita que este sector tenga una cara más amable frente a los usuarios y cumpla la función social de reparto equitativo del bienestar social que es una consecuencia lógica del esquema de Estado Social de Derecho que ha adoptado nuestra Constitución.

Es hora entonces de que el tema deje de ser individual y de unos pocos, y no solamente por la vía judicial de la Tutela se logre la protección del Estado, sino que se convierta en un asunto general al que tengan derecho todos los colombianos que lo requieran.

El Congreso de la República, el Gobierno Nacional, especialmente las Comisiones de regulación y la Superintendencia de Servicios Públicos deben apersonarse de este tema que es de innegable importancia para los ciudadanos, pues el régimen jurídico de los servicios públicos no debe circunscribirse exclusivamente a la regulación del tema de la competencia, sino que además y fundamental, debe tener como su norte y fin último, la protección de los usuarios, especialmente aquellos que no tienen la posibilidad económica de acceder a los servicios.

Por la trascendencia del mínimo vital en servicios públicos para el bienestar de los usuarios, hemos preparado un proyecto de ley que radicaremos en el Congreso de la República en los próximos días, para lo cual invitamos al sector académico, líderes sociales, alcaldes, gobernadores, al Gobierno Nacional y al sector de los servicios públicos, a brindarnos sus aportes sobre esta iniciativa a través de audiencias públicas u otros mecanismos de expresión y/o participación ciudadana, mientras avanzamos paralelamente en su trámite en las cámaras legislativas.

El proyecto de ley que presentaremos al examen de todos, recoge los avances de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema, fija en términos generales el procedimiento que deben aplicar los ciudadanos en la procura de su derecho al mínimo vital cuando reúnen las condiciones que la Corte ha definido en sus fallos y determina las fuentes de financiación para atender su pago, que en especial corresponde a los fondos de solidaridad y a los recursos del Sistema General de Participación –SGP-, que sin duda, deben reorientarse.

Finalmente, es necesario resaltar que Medellín tiene mucho qué decir en esta materia, pues es líder en servicios públicos domiciliarios y en políticas sociales de protección de los usuarios sin capacidad de pago. Por ello no dudamos en invitar a su Alcalde, Aníbal Gaviria Correa; a su Honorable Concejo Municipal y a sus empresas de servicios públicos domiciliarios, EPM y Empresas Varias, a que nos acompañen en la deliberación de esta iniciativa, útil para todo el país.

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