La verdadera reforma a la justicia

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Uno de los temas esenciales de una sociedad es la justicia. Sin ella no existe legitimidad del Estado, confianza ciudadana y vida armónica. De allí que no baste con juzgar los asuntos sometidos a decisión.

Es necesario además y por sobre todo, lograr que la función jurisdiccional esté en sintonía con la realidad, es decir, que actúe para ordenar la vida colectiva, que materialice el orden, la seguridad, la paz, la cooperación, y por supuesto, la justicia como el más caro y último valor. Múltiples herramientas se han ideado para el efecto.

Muchas reformas se han emprendido. Algunas han fracasado estruendosamente. Otras rindieron frutos parciales que han contribuido a nuevas perspectivas y entendimiento de la compleja condición humana.

En el actual proceso de reforma constitucional a la justicia, voces con distintos tonos proponen eliminaciones, incorporaciones o matizaciones de los órganos, los agentes, el régimen de ingreso, permanencia y retiro, pero no se habla sobre el proceso mismo, es decir, sobre el instrumento que ha de permitir materializar la promesa constitucional de la pronta y cumplida justicia.

Ese instrumento, la verdadera reforma a la justicia, es el que acabamos de expedir en el Congreso de la República, el nuevo Código Procesal General, soporte para resolver múltiples problemas, entre otros, el de la celeridad. En la ponencia -coordinada con mesura por el ilustre jurista liberal, Jesús Ignacio García-, los datos del informe Doing Business 2011 del Banco Mundial son contundentes. En el “sub-indicador” de “celeridad” -tiempo que se demora una persona en el país para resolver judicialmente una disputa, calculado desde la presentación de la demanda en el juzgado-, Colombia ocupa en el contexto mundial el vergonzoso puesto 178 entre 183 países. Según dicho informe, la justicia colombiana es la sexta más lenta del mundo y la tercera más lenta en América y el Caribe.

El proceso de formulación del Código General del Proceso ha gozado del más amplio debate. La judicatura, el congreso, la academia, los juristas y la sociedad en general, han participado activa y decididamente, lo que lo reviste de un tono dialéctico, de diálogo, de disputa conceptual civilizada y ordenada, de contradicción, de análisis serios y ponderados y por sobre todo, de constante ánimo de acertar en el diagnóstico y en la adopción de la herramienta para la solución del problema.

Es apenas obvio que no hay reformas perfectas. Sólo mejores o mayores aproximaciones a un ideal. En este caso, el nuevo Código General del Proceso, es la respuesta del Estado al conflicto intersubjetivo de intereses, para avanzar en el entendimiento de las nuevas realidades, en la decisión de poner a tono la función jurisdiccional con la normalización de los canales de discusión, en el reconocimiento respetuoso de la diferencia y la vinculación activa y directa del ciudadano al aparato jurisdiccional, pues en la medida en que interviene el Estado de manera oportuna y justa, pierde sentido, la justicia por mano propia.

También se avanza en un nuevo entendimiento del Estado como sujeto procesal, razón por la cual, le otorga un papel protagónico a la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la cual además podrá interponer acciones de tutela en representación de las entidades públicas. En materia de juzgamiento se privilegia la oralidad, el proceso por audiencia, la prueba con inmediación, es decir, con presencia directa inmediata de todos los sujetos procesales, lo cual ha de permitir fallos más reales.

Bienvenida esta verdadera y profunda reforma a la justicia, en virtud de la cual, el antiguo formalismo procesal deberá ceder a la verdad real, al juez activo, a las partes deliberantes y, por sobre todo, ha de permitir prontitud, pues como dijera el maestro uruguayo Eduardo J Couture, en materia de procedimientos el tiempo no es oro, es justicia.

2 comentarios sobre “La verdadera reforma a la justicia

    Hernando Medina M. escribió:
    06/04/2012 en 12:14 pm

    Senador: Con muchísimo respeto le manifiesto una inquietud: Si será una verdadera reforma justa equitativa que aumenta a los Consejeros su período a 12 años y la edad a 70 años y asegura la impunidad a los parlamentarios?

    Osvaldo Cortez escribió:
    06/21/2012 en 8:40 pm

    Qué elegancia de reforma a la justicia, favorecer la corrupción de un Congreso que empezaba a ser respetable, estaba dejando de ser lo que era primero para volverse peor, donde los congresistas que deberían dar ejemplo por su honestidad se blinden de tal forma que puedan evadir la justicia y seguir en el poder.

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