“Sí hay cartel de obras”

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Hace un mes, el domingo 17 de abril, el Periódico El Colombiano publicó dos sustentadas investigaciones, realizadas por el periodista Germán Jiménez Morales, que hacen referencia a la presunta existencia de un “cartel de obras”, que gira, según uno de los empresarios -fuente de las investigaciones-, “…alrededor del presupuesto de la Gobernación de Antioquia destinado a las obras públicas”. Según la investigación, este empresario, con más de 15 años de experiencia en contratación de obras públicas, le reveló a EL COLOMBIANO la manera cómo funciona el presunto “cartel de obras”, afirmando que: “…de los presuntamente exagerados incrementos que han tenido los precios pagados a los contratistas sale la comisión del 15%”. 

Según el empresario: “Los porcentajes se manejan de acuerdo con la participación en el grupo. Los dueños del combo, antes mencionados, pagan un 13% para ganarse los contratos…”…“…cuando a alguien por fuera del grupo le permiten acceder a un contrato…debe pagar un 2% adicional, a favor del grupo controlante, y sostener así la oficina que tienen con ingenieros y abogados que elaboran los pliegos y manipulan las fórmulas. Así se consolida el famoso 15%”…“…11% para un jefe, 2% para el grupo y el otro 2% para los internos de la Gobernación”…“El grupo garantiza que a través de los sobreprecios en las licitaciones y el manejo de las interventorías, que también controlan, se aseguran el pago de la comisión y la utilidad del contratista.

Para tratar de desviar la atención de la opinión pública, el Gobernador y su Secretaria de Infraestructura, recurren a un argumento deleznable y manido, tildarnos de “viudos del poder” o “políticos quejosos” que perseguimos su gobierno. Tal parece que no hay otra defensa, quienes tengan diferencias o denuncien, serán declarados conspiradores, como lo hace con los empresarios que realizan las denuncias: “…si existe un cartel esto obedece a una confabulación de contratistas, movidos por las ambiciones…”. Para los empresarios, el “cartel” requiere de los funcionarios. “…se necesitan los funcionarios internamente para que manejen tanto los pliegos como los precios, ya sea con ítems representativos o con fórmulas, como es la nueva metodología…”

La repuesta anticipada a esa reacción patológica o fantasiosa del Gobernador, de ver persecución o “confabulación” en todas las denuncias, la entrega el mismo Periódico EL COLOMBIANO:  “Con el  propósito de preservar su autoridad moral para hablar de la lucha contra la corrupción, la seccional Antioquia de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) colgó en su página web un estudio que, a la manera de una ‘prueba reina’, saca a la luz pública uno de los mecanismos de manipulación de las licitaciones de la Gobernación de Antioquia, a través de los ítems representativos”…“…El informe, además del valor civil que implica su difusión masiva, también tiene cierto aire de confesión ante el resto de la sociedad”

Como lo denunció el Ex congresista Ramón Elejalde: “Están jugando un verdadero botellón, donde algunos se agachan para que otros pasen”.   Según EL COLOMBIANO, “…un juego de botellón, en el que un grupo de contratistas habría manejado concertadamente sus ofertas, subiendo o bajando el precio de sus propuestas, para asegurar el contrato a una firma previamente señalada”.

Así lo demuestra el estudio “Modalidades de asignación de puntajes en las licitaciones de obras públicas de infraestructura en el Departamento de Antioquia, entre los años 2008 a 2010” “En su desarrollo se revisaron 1.328 contratos adjudicados por la Gobernación de Antioquia, entre enero de 2008 y abril de 2010, por valor de 1,3 billones de pesos. De ese gran total, la atención se concentró en las obras públicas adjudicadas en el mismo período, por 382.676 millones de pesos”.

Este documento de la CCI, se convierte en el soporte técnico de una contundente y grave denuncia pública: “La CCI observa que no es conveniente el uso de ítems representativos como criterio de calificación cuando hay información temporalmente oculta relacionada con la evaluación de los ítems y, también, cuando se evalúan con fórmulas que fomentan prácticas que posibilitan distorsionar promedios”.

Y cuestionan: “¿Por qué no se leen los ítems representativos ofertados por todos los proponentes en la audiencia de apertura de las propuestas, si lo único que hace es brindar mayor transparencia a los procesos? ¿Para qué mantener un pliego de condiciones en el que el valor total de la oferta no determina el ganador, siendo los ítems representativos el criterio definitorio?”.

“La otra cara de la moneda es la presunta manipulación de esas fórmulas por parte de aquellos contratistas que se han amparado en el presunto cartel de las obras públicas. Y ahí, vale precisarlo, también están involucradas compañías agremiadas por la Cámara Colombiana de Infraestructura”… “El gremio de la ingeniería documenta el pecado, pero no pone su dedo acusador sobre los presuntos pecadores. No obstante, esa tarea ya la hizo un grupo de tres empresarios que desde hace más de un año viene analizando las fallas en la contratación de la Gobernación de Antioquia y que ahora cuenta con el respaldo de más de 25 firmas”.

Como lo anota EL COLOMBIANO, el valor del estudio difundido por la CCI, está en la fuerte conclusión: “…de ser cierta, la concertación de los oferentes en esos procesos licitatorios constituiría un fraude procesal, que dada su vocación de permanencia y perpetración en un número reiterado de eventos comportaría un eventual concierto para delinquir, situación que merece ser puesta en conocimiento de las autoridades respectivas”.

Recomendamos nuevamente, el Editorial de EL COLOMBIANO del 9 de marzo: ¿Será qué no quedan justos?, “Los “carruseles de contratación” son una manifestación más, y particularmente odiosa, de lo que ya parece una maña generalizada y sin ninguna región del país por manchar. En el caso de Antioquia, hay que esperar a que los organismos de control hagan su labor, ojalá a la mayor brevedad posible, y determinen si efectivamente existen los tales carruseles”… “Pero mientras tanto, ya va siendo hora de que el Gobernador del Departamento haga una manifestación lo suficientemente contundente como para despejar tantas dudas e interrogantes que van surgiendo cada día con mayor insistencia. La ciudadanía demanda explicaciones y una claridad sin fisuras por parte del máximo responsable político y administrativo de Antioquia”.

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