Estado de emergencia

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Hemos expresado en diferentes espacios, la grata impresión que nos ha causado el estilo gerencial, ejecutivo, dialogante, incluyente, conciliador, prudente y efectivo del Señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Valoramos su inteligencia y resolución para avanzar oportuna y exitosamente en el restablecimiento de las relaciones internacionales con los países vecinos, e internamente, con las diferentes ramas del poder público, en especial con la Justicia; para lograr integrar un gabinete de ilustres profesionales de reconocida trayectoria en la vida pública y privada y una gran alianza de unidad nacional con los Partidos políticos y por ende, con el Congreso de la República, que conjuntamente le acompañen en el trámite de la agenda legislativa y en la construcción y posterior aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, bitácora que durante el cuatrienio constitucional, señalará la ruta del gobierno de la prosperidad.

No obstante lo anterior, nos preocupa inmensamente el estado de calamidad pública, que por la fuerte ola invernal perturba o afecta al 52% del país. Alrededor de 1.800.000 personas en 28 departamentos, en más de 600 municipios. Bolívar, Magdalena, Córdoba, Sucre, Chocó, Antioquia, Nariño, Cauca, Norte de Santander, Arauca y Bogotá D.C., son los territorios más afectados. Según las Naciones Unidas -OCHA Colombia-: las lluvias continuas han causado desbordamientos de ríos, inundando vastas zonas del país; deslizamientos y derrumbes han destruido y bloqueado vías –entre ellas, importantes corredores viales, 75 vías nacionales y departamentales y centenares de vías terciarias interrumpidas-, dejando ciudades y pueblos enteros aislados.

El impacto de las inundaciones ha sido más fuerte en pueblos aislados y en barrios más pobres, causando dificultades de acceso a zonas rurales y obstaculizando la evaluación de los daños y necesidades y la entrega de asistencia de emergencia. Se han afectado grandes áreas de cultivos y pequeña ganadería, deteriorando los precarios medios de vida. Se han reportado daños de viviendas, estructuras escolares y centros de salud. Según el SNPAD, por la temporada invernal se reportan más de un centenar de personas muertas, cientos de heridos y decenas de desaparecidos. Alrededor de 1.654 viviendas han sido destruidas y unas 196.662 averiadas. Las condiciones sanitarias han sido deterioradas por contaminación de las fuentes de agua, causando enfermedades como diarrea e infecciones respiratorias y de la piel. Hay necesidades en los sectores de educación, asistencia alimentaria y recuperación temprana, agua, saneamiento básico e higiene, protección, albergues, educación y salud en emergencias.

El Ministerio del Interior y de Justicia solicitó a la comunidad humanitaria organizada, ampliar el apoyo técnico y económico para que en coordinación con el SNPAD se pueda tener mayor capacidad de respuesta. Enormes son los esfuerzos conjuntos del Gobierno nacional, los entes territoriales, organizaciones sociales de prevención, atención y socorro, pero lastimosamente insuficientes. Continúa lloviendo a cántaros y según el Ideam, la temporada invernal podría prolongarse hasta marzo o junio próximos. O lejanos más bien, ante la magnitud de la ola invernal, agravada por el fenómeno de La Niña.

El Comité Técnico Nacional para la Prevención y Atención de Desastres prepara un plan de contingencia en el que se articulan labores de prevención, mitigación, repuesta, así como de rehabilitación. En este sentido, y ante la angustia, el dolor y la desesperanza de millones de colombianos, hemos insistido -desde la Comisión Sexta y desde la Plenaria del Senado, unánimemente-, en solicitarle al Señor Presidente, Juan Manuel Santos, que ante estos hechos extraordinarios que pueden atentar contra la estabilidad y contra la vida misma de los seres humanos que habitan el territorio, recurra a la declaratoria del Estado de Emergencia, establecido en el artículo 215 de la CP, que le permita intervenir y conjurar integral, interinstitucional, articulada, oportuna y eficazmente, la grave situación de calamidad pública que vive el país e impedir la extensión de sus efectos.

Ante el temor de algunos por la concentración de poder por parte del Presidente y la posibilidad de abusos, ante la fragilidad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, es necesario recordar que se previeron y desarrollaron controles, con el fin de proteger a la ciudadanía. La Corte Constitucional como guardiana de la integridad de la norma superior, frente al acto que declara el Estado de Emergencia y cada una de las medidas adoptadas para conjurar la crisis, realiza el control jurídico constitucional y el Congreso de la República, ejerce el control político, examinando por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, pronunciándose sobre la conveniencia, oportunidad, bondad, magnitud, aceptación, viabilidad e interés público, de las medidas adoptadas.

En la Comisión Sexta del Senado, solidariamente con todos los seres humanos afectados, nos declaramos en sesión permanente, para concentrar nuestro ejercicio de control político, en la búsqueda conjunta con el Gobierno nacional, de soluciones efectivas al estado de emergencia.

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