República bicentenaria (1)

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El 20 de julio de 1810, culminó un largo y tortuoso proceso social de reclamaciones, discusiones y propuestas, surgido de la conjunción de múltiples circunstancias, tales como el excesivo y amplio marco contributivo, inspirado sin duda en la urgente necesidad que la Corona tenía de subvencionar los gastos que demandaba la guerra con Inglaterra, lo cual desangró al propio pueblo. A ello se sumó el frecuente e injustificado maltrato que los recaudadores de impuestos daban a sus deudores. Es tristemente recordado el Visitador Regente, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres por sus cruelísimas conductas y su intemperancia. Es memorable la lucha dada por las poblaciones de Simacota, Mogotes y Charalá contra las rentas de tabaco. También es cimero el valor de Manuela Beltrán en la población del Socorro, al romper el edicto que fijaba nuevas y onerosas cargas patrimoniales al grito de “viva el Rey y muera el mal gobierno. No queremos pagar la armada de Barlovento”.
Como suele ocurrir, lo que en principio fue canal de expresión de inconformidad con los tributos, fue ampliado por la propia y variada base social, incluyendo a los indígenas, hasta el reclamo y devolución de las tierras que el coloniaje había usurpado a los aborígenes, validando así la tesis de que en lo social, las manifestaciones de inconformidad, son una especie de iceberg que muestran claramente uno o varios temas, pero se configuran por multiplicidad de aspectos acumulados durante largos periodos de tiempo, tales como la igualdad, el respeto por los derechos propios, etc. Precisamente, la cohesión en la causa originó una marcha hacia Santa fe de Bogotá, que alcanzó a juntar alrededor de 18.000 hombres, liderados, entre otros, por Francisco Berbeo y Salvador Plata con la consecuencia inmediata de la huída de Rodríguez de Piñeres hacia Cartagena de Indias y la imposibilidad para las tropas reales de controlar el movimiento.
El resto de la historia es bien conocida. La inaplazable necesidad de sentarse a negociar con la intervención tendenciosa del Virrey Caballero y Góngora, dando lugar posteriormente a las llamadas capitulaciones de Zipaquirá del 8 de junio de 1781, que contenían más de 35 aspectos esenciales para la vida justa de los americanos y constituye sin duda, uno de los documentos que refleja más fielmente un pacto formal entre la Corona y el Pueblo. De estos 35 temas, 25 aludían a aspectos económicos, especialmente disminución o rebaja de impuestos, entre ellos del tabaco; dos tenían que ver con lo eclesiástico, y ocho versaban sobre asuntos políticos y administrativos. Uno de los más definitivo de las mismas, fue sin duda, el acceso de los criollos a cargos públicos, con el evidente desplazamiento de la burocracia española, y el mantenimiento en armas de las milicias populares, siendo estas quizás, las razones que motivaron la posterior traición al pacto por la Corona en cabeza del Virrey Manuel Antonio Flórez, aduciendo la fuerza como móvil de la suscripción y el posterior desencadenamiento de una de las mayores y más sangrientas represiones a luchas sociales de que tenga noticia Colombia.
Esta salvaje represión se refleja en la muerte en 1782 de José Antonio Galán, cuya conducta sigue siendo faro de valor y coherencia, y ejemplo del sacrificio hasta de la propia vida como ofrenda por el logro de los ideales. Su muerte, ampliamente documentada, es sin duda, una de las más horrendas de todos los próceres. Se le condenó a ser “sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio donde sea puesto en la horca hasta que naturalmente muera; que bajado se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en cuatro partes, y pasado el resto por las llamas. Su cabeza será conducida a Guaduas, teatro de sus escandalosos insultos; la mano derecha puesta en la plaza del Socorro; la izquierda en la Villa de San Gil; el pie derecho en Charalá, lugar de su nacimiento; y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes; declarada por infame su descendencia, ocupados todos sus bienes y aplicados al Real Fisco; asolada su casa y sembrada de sal, para que de esta manera se dé al olvido su infame nombre, y acabe con tan vil persona, tan detestable memoria, sin que quede otra que la del odio y espanto que inspira la fealdad de su delito”.
Otro mérito adicional de los comuneros, consiste en que sus reclamaciones sociales, económicas y políticas, representan no sólo un primer paso de sublevación contra la opresión del gobernante, una primera visión y sentimiento de construcción de identidad y cosmovisión común y propia y la pretensión de edificar su propio destino mediante la participación en la toma de decisiones públicas, sino que antecede en mucho a la Revolución Francesa, la cual en su declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, recoge –consciente o inconscientemente- temas comuneros para universalizarlos, tarea en la que Antonio Nariño jugó en nuestro medio un papel determinante pagando también el alto precio de ser condenado a diez años de prisión en África, la pérdida de todos sus bienes y al destierro de por vida de la Nueva Granada. Si bien la independencia llegó mucho después, vale recordar, en homenaje agradecido, la valiente gesta comunera y la figura luminosa de Nariño, como tributarios mayores y antecedentes ineliminables de la celebración del Bicentenario que hoy une a Colombia.

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