Las Asambleas Departamentales

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El pasado viernes la sección política del periódico EL MUNDO registró la valiente y enérgica protesta del diputado conservador Nicolás Pineda, según la cual: “…desde que arrancaron las sesiones regulares de mitad de año, la corporación no ha hecho nada, pues equivocadamente la coalición mayoritaria no deja hacer ninguna labor, impide las deliberaciones, el debate y lo peor de todo, el control político, como ocurrió en el caso de la FLA, lo que le hace un mal no sólo al gobierno departamental, sino a la misma corporación, que viola la Constitución al despojarse de cumplir su función de fiscalizar la gestión del ejecutivo seccional. Por tal razón, Pineda solicitó con vehemencia que era mejor cerrar las Asambleas Departamentales y en este caso la de Antioquia”

Interesante revivir el debate sobre el cierre o la permanencia de las Asambleas Departamentales planteado por el diputado Pineda al denunciar con dignidad y decoro lo que viene sucediendo en la Asamblea de Antioquia, cuando él y otros colegas suyos han intentado cumplir cabal y oportunamente con el control político administrativo respecto de algunos aspectos de la gestión actual de la Fábrica de Licores de Antioquia y de otras gerencias, secretarias, instituciones o de algunas acciones o decisiones del ejecutivo departamental que le generan inquietud a ellos y a la sociedad antioqueña, pero “…equivocadamente la coalición mayoritaria no deja hacer ninguna labor, impide las deliberaciones, el debate y lo peor de todo, el control político…”.

De tiempo atrás se han levantado voces sobre la permanencia de las Asambleas Departamentales. Algunos las encuentran en franca decadencia, cuando no inútiles. Otros rememoran el período de 1905 a 1910 durante el cual fueron suspendidas y reemplazadas por los llamados Consejos Administrativos Departamentales, los cuales ejercían las funciones atribuidas a las Asambleas por la Constitución de 1886, con reunión ordinaria cada año en la capital del respectivo departamento, y extraordinariamente cuando el Gobernador, autorizado por el Gobierno, las convocara, correspondiendo a la ley la fijación de su período.

Históricamente, las Asambleas Departamentales han sido definitivas para la suerte de la democracia. No sólo porque reflejan una organización política administrativa con régimen jurídico propio, sino también porque permiten anticipar el escenario de las regiones constitucionalmente previstas pero aún sin desarrollo legal específico, por lo menos en los términos de la ley de ordenamiento territorial que deberá expedirse.

Son, sin duda, un vaso comunicante entre la realidad local y la nacional, sirven de enlace en los diseños de las políticas públicas y privilegian la expresión democrática de un sector poblacional del territorio que la requiere dadas las competencias constitucionales y el ámbito de gestión. Constituyen, por vía de un símil del ideario de Montesquieu, el contrapeso de una entidad que como el departamento, tiene autonomía para la administración de los asuntos seccionales, la planificación y promoción del desarrollo económico y social, la coordinación y la complementariedad de la acción municipal, así como la intermediación entre la Nación y los Municipios.

Resulta evidente pues, que las herramientas constitucionales están ampliamente diseñadas para una viva presencia de las Asambleas. Por ello, aunque coincido plenamente con el diputado Pineda en el sentido de que las Asambleas Departamentales violan la Constitución al despojarse de cumplir su función de fiscalizar la gestión del ejecutivo seccional, respetuosamente considero que el debate en el aspecto específico de la no permanencia de las asambleas, no sólo debe ser relegado sino negado abiertamente, pues a pesar de las frecuentes y en ocasiones fundadas críticas que puedan formularse sobre su funcionamiento, no hay duda que son células definitivas para la construcción de la ciudadanía, el ejercicio del gobierno responsable, la legitimidad de las decisiones y la transparencia real en la gestión pública.

De allí que la tarea política y social deba orientarse a lograr su fortalecimiento. No sólo porque así habrá más democracia, construcción legítima de consenso, validación y reforzamiento de la suerte misma de la comunidad, sino porque de ellas depende un adecuado control político administrativo, como lo manda el artículo 299 de la Constitución, sobre los actos del gobernador, secretarios de despacho, gerentes y directores de institutos descentralizados, de lo cual dependerá finalmente, el avance o el retroceso en la prestación de los servicios a cargo del Departamento, la planeación, el desarrollo económico y social.

Para avanzar de nuevo en el debate, me pregunto: ¿Están cumpliendo las Asambleas Departamentales con su razón de ser? ¿Cumplen sus miembros, colectiva e individualmente, su deber constitucional y legal? Es innegable que muchas de estás corporaciones en el país ejercen oportuna, responsable y eficazmente el control político administrativo, pero en otras, muchos de sus miembros han confundido estas responsabilidades constitucionales con la obstrucción a la deliberación y al debate, con la subyugación y el sometimiento político, con el “tapen, tapen”, con el silencio cómplice ante la corrupción y los abusos de poder y autoridad  de los ejecutivos departamentales.

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