Incultura política

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Además de la indignación, muchas son las enseñanzas y aprendizajes que nos deja la pasada contienda democrática en Colombia. Tantos son los vacíos, errores, vicios, delitos, incompetencias, faltas a la ética y a la moral, abundancia de dineros, clientelismo, presiones indebidas, abusos de poder, constreñimiento al elector, irresponsabilidad ciudadana, alto nivel de abstención, baja información, en fin, que no tendríamos suficiente espacio para analizar con detenimiento y profundidad desde sus diferentes variables nuestra actual incultura política, es tan amplio el tema, que lo iré abordando gradualmente. Me anticipo a una conclusión que he desarrollado en anteriores artículos, la urgente e inaplazable necesidad de reformar estructuralmente el sistema electoral colombiano.

Según el último boletín con información electoral, publicado con el 93,82% de las mesas de votación informadas, el domingo se emitieron 1’403.913 votos nulos para Senado, corporación en la que el candidato más votado obtuvo cuatro veces menos votos: 193.817, según el mismo boletín, el partido más votado alcanzó 2’804.413 sufragios, apenas el doble de los votos nulos. Esos votos representan el once por ciento del total de sufragios emitidos y hubieran elegido a unos veinte senadores.

Vamos a suponer, además, que los 948.642 votos en blanco o depositados en tarjetones no marcados, corresponden a ciudadanos tan desencantados que entre casi novecientos aspirantes dispuestos a representarlos no encontraron una o uno que respondiera a sus expectativas sobre el país o a sus intereses frente al Congreso. Admitimos esa idea para no pensar que en realidad hubo 2’352.555 personas, el 18% de los votantes, que no pudieron o no supieron escoger candidato porque el sistema fue incapaz de formarlos pedagógicamente en su ejercicio ciudadano y les impidió expresar su opinión.

Los activistas de los diferentes partidos y campañas políticas que, conservando la distancia exigida por la ley, en los puestos de información entregaban pastelitos o ayudas didácticas a la ciudadanía, fueron hostigados por las autoridades que esgrimían legalismos y diferentes normas para que no se “intimidara al ciudadano en su ejercicio del voto”, como si no supieran que buena parte de las personas que participan en las elecciones toman su decisión casi al entrar al puesto de votación y que allí no estaban encontrando suficiente información para elaborar criterio y tomar con responsabilidad, independencia y autonomía su decisión ciudadana.

Desde 1982 he sido testigo de una inmensa, y no necesariamente sana, transformación de la jornada electoral en Colombia. Cuando comencé a militar en política, y a votar, lo hice en el Nuevo Liberalismo, que le proponía al país desarrollar un nuevo modelo electoral que dejara en manos del Estado, y no de los partidos políticos, el manejo de las elecciones. Entonces, los partidos inscribían sus listas y entregaban el voto a los ciudadanos: había cambiazos, manipulaciones y abierta compra de sufragios, práctica esta que se acrecentó de tal manera que da vergüenza.

Para combatir esas acciones y hacer del voto una decisión tan libre y secreta que el ciudadano no tuviera que reclamar su papeleta electoral, batallamos por la aparición del tarjetón, en 1991. No pensábamos entonces que fuéramos a llegar a ese sistema de elección unipersonal llamado “Voto preferente”. Tampoco creímos que el fanatismo de algunos fuera a prohibir que los partidos hiciéramos la pedagogía electoral en el día de elecciones, que no es una presión sino un acto de colaboración al ciudadano. Creíamos también que los límites a los partidos no crearían un vacío, más bien pensábamos que deberían ser la oportunidad de un esfuerzo fundamental de la Registraduría para dar a los colombianos la información y herramientas suficientes y necesarias para atender la elección.

Cuando soñábamos con hacer al Estado responsable de las elecciones, pensábamos en que efectivamente la Registraduría tuviera los recursos y el interés por favorecer su transparencia, enriquecer la formación democrática de los ciudadanos y garantizar que todos pudieran ejercer libremente su responsabilidad y derecho al voto. Hoy tenemos que lamentar que la falta de interés ha conducido a que la Registraduría fracase en una de sus funciones trascendentales, como la de impulsar y garantizar la elección libre y autónoma de los colombianos.

Algo de frustración me pica. Cuando reclamábamos una transformación radical en el sistema electoral no pensamos que los interesados en torpedear el ejercicio pleno de la ciudadanía iban a convertir el voto en un acto exclusivo para ciudadanos entusiastas que se preparan con antelación para no dejarse amedrentar por tarjetas indescifrables, o peor aun, que crearíamos un mecanismo para favorecer la venta del voto o las presiones indebidas de funcionarios a la ciudadanía para que elijan delincuentes que llegan al Congreso a traicionar a la ciudadanía.

En contraste, los demás, los hombres y mujeres del común que sueñan con una nueva política pero no tienen cómo llegar a ella, cada vez están más excluidos de la democracia y sus mecanismos. Los apartan los “buenos funcionarios” que ignoran sus responsabilidades con la pedagogía política y electoral, con la formación de una ciudadanía que desde su rol ético individual, se renueve y construya una nueva cultura política.

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