Menos demagogia, más transparencia

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Durante la semana que termina, los colombianos recibimos información abundante sobre las dimensiones catastróficas que está adquiriendo el cáncer social de la corrupción pública. Según la Oficina Anticorrupción de la Vicepresidencia de la República, “El 12,9% del costo de los contratos que realiza el estado colombiano anualmente, del orden de 15.000 millones de dólares, se va en pagos de sobornos a funcionarios corruptos”. Es decir, alrededor de 1.950 millones de dólares anuales nos cuesta la corrupción, es un hecho que demuestra la incidencia directa de esta lepra social en el subdesarrollo y el empobrecimiento de las comunidades.

A esa dramática cifra se suman las denuncias de la Procuraduría, que investiga actualmente a 48.000 funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción, y la del Fiscal General, Guillermo Mendoza: “…en todas las áreas de la administración pública detectamos corrupción. En todas, no se salva ninguna”. Extrañamente, estos informes sólo se están conociendo después de las revelaciones de Transparencia Internacional sobre el progresivo descenso del Índice de Percepción de la Corrupción en el país, que ahora ocupa el puesto 75 en la lista de 180 países analizados por la entidad, mientras en los siete años anteriores había estado en el lugar 70.

El panorama nacional y territorial sobre corrupción es lamentable y no sólo deja mal parados a los funcionarios corruptos: muestra que las acciones de los funcionarios transparentes son insuficientes para contener las prácticas dolosas y denuncia la incapacidad de muchos de los organismos de control para contener las presiones de los corruptos.

En Antioquia tenemos ejemplos suficientemente reveladores de ambos fracasos. En su Plan de Desarrollo, el Gobernador se comprometió a “generar estrategias tendientes a modificar aquellas  percepciones ciudadanas sobre la Administración, referidas a su ineficacia e ineficiencia, arbitrariedad, corrupción, clientelismo, despilfarro y mal uso de los recursos públicos, en tanto éstas generan bajos niveles de credibilidad, ingobernabilidad y desconfianza” (línea estratégica 5, buen gobierno). Para ello se propuso el objetivo de generar “adecuada credibilidad y confianza en la gestión de gobierno”.

A dos años de gobierno, los antioqueños nos hemos encontrado con serias denuncias sobre los manejos poco transparentes en el Dapard, Viva y Maná, así como de otras áreas y de las agresivas presiones sobre los alcaldes municipales para que se hagan tránsfugas. La entrega de ayudas de emergencia a municipios afectos a la candidata al Senado Liliana Rendón; las presiones a líderes viviendistas para que adhieran a esa candidata a cambio del avance en los programas de vivienda, y los desperdicios y abusos con alimentos que ensombrecen aun más una gestión que derrumbó los proyectos de seguridad alimentaria para convertirlos en meros programas asistencialistas de repartición de comida.

Pero sobre estos casos se ha argumentado en forma abundante y ya la ciudadanía tiene claridad sobre las manipulaciones y abusos electoreros en lo que fueron programas ejemplares que permitieron, como lo reconoce este plan de desarrollo, que Antioquia ocupara el primer lugar en transparencia, según mediciones de Transparencia Internacional. Otros asuntos no se han tratado con igual profusión.

La oficina del Zar Anticorrupción, la misma que se refiere a las cifras de la corrupción con tanto asombro, ha guardado silencio como muchos organismos de control, frente a las denuncias sobre la “Fundación Buen Gobierno”, creada en Antioquia por el Idea y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid con el fin de eludir las exigencias legales para la contratación pública en materia de interventoría, otorgamiento de garantías, evitar los controles públicos, derrochar recursos públicos y facilitar la contratación con los amigos prepolíticos evadiendo o eludiendo las exigencias de ley.

Esta Fundación como ejecutora de obras y acciones públicas, asume por cuenta propia procesos que tendrían que haber sido adoptados de acuerdo con las normas sobre contratación pública, por los gobiernos locales y departamentales. Entre sus clientes suma diversos municipios antioqueños; entidades descentralizadas del Departamento; un par de ciudades por fuera Antioquia; la Asamblea; la Gobernación y, lo que ha sido denunciado sin respuesta, la Contraloría General de Antioquia, institución teledirigida por el gobernador Ramos y que en vez de acudir a la “Fundación Buen Gobierno” debería estar vigiándola para evitar que se utilice en el favorecimiento a los contratistas amigos, que encontraron en este documento un instrumento útil para burlar la ley, propósito que parece ser, debió animar su creación.

El reclamo hecho a los organismos nacionales para que atiendan estas irregularidades se justifica plenamente en el interés de la sociedad antioqueña por preservar el lugar de transparencia que nuestro Departamento conquistó en los gobiernos de Antioquia Nueva y que le permitieron convertirse en modelo de gestión y resultados en el manejo eficiente y eficaz de las finanzas territoriales. No deja de inquietar que existan oídos sordos a un clamor por la defensa de los bienes públicos amenazados por la voracidad de nuestras clases politiqueras. Así las cosas, uno se pregunta con el popular personaje ¿y ahora, quién podrá defendernos?

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