El fin no justifica los medios

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En mi artículo anterior, “Las Mentiras del Gerente”, sobre la “toma hostil” por parte del Idea, del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero Ituango (PHPI), expresé nuestro compromiso con el mismo por su importancia para Antioquia y el país, y denuncié el engaño en el que, sin vergüenza alguna, incurrió el Gerente del Idea, en lo referente a la supuesta valoración de las acciones del proyecto por parte de Corficolombiana S.A. Según la Procuraduría, ese hecho implica una falsedad en la motivación de los contratos.

Mediante auto proferido el pasado 24 de septiembre, el Juez Quince Administrativo del Circuito, doctor John Reimond Rúa Castaño, no accede -en razón de dar a los implicados, la oportunidad para defenderse- a declarar las medidas cautelares solicitadas en la coadyuvancia de EPM a la Acción Popular presentada contra el Idea, por el ciudadano Santiago Botero Echeverri y otros -en la que también es coadyuvante el suscrito-, pero deja en claro que si en el transcurso del proceso el Despacho observa que se dan los presupuestos necesarios para hacerlo, así lo ordenará. En el transcurso de la presente semana, la Procuradora 31 Judicial II Administrativa, doctora Bertha Lucía Sierra Jiménez, en calidad de Agente del Ministerio Público, presentó Recurso de Reposición contra el auto en mención, solicitando al Despacho que decrete las medidas cautelares pedidas.

En lo referente al derecho colectivo a la moralidad administrativa, cita la Procuraduría, lo señalado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, resaltando la necesidad de verificar “…si el fin empleado es aceptable, y si los medios para alcanzarlos lo son igualmente. De este modo, puede ocurrir que un fin público inaceptable se realice por medios aceptables, o que un fin público aceptable se lleve a cabo por medios inadmisibles, desde el punto de vista moral”. Es decir el fin no puede justificar los medios. Y agrega: “De esta manera, deberá ocurrir que la trampa, la astucia, el engaño político, la mentira, el desorden y otras formas de acción u omisión de tinte inmoral, que no siempre dan al traste con la legalidad material o formal de una actuación estatal, deben reconducirse a través de las acciones populares”. Para el Ministerio Público, en el expediente obran pruebas suficientes para demostrar que los medios que fueron empleados por el Idea, “…infringieron varios principios que rigen el ejercicio de la función administrativa. Específicamente, el de la legalidad y la moralidad administrativa” y por lo tanto, solicita al Despacho, decretar las medidas cautelares pedidas por EPM.

Coincide el Ministerio Público con nuestros planteamientos y denuncias en defensa de la moralidad y el patrimonio público, al expresar que en el expediente se advierten pruebas de varias irregularidades. Agrega que: “…es evidente la inobservancia de normas imperativas que rigen la gestión del presupuesto y los recursos públicos…”, observa la Procuraduría que se tipifican lesiones a la moralidad administrativa, “…concretamente, nos referimos a la existencia de prueba de documentos públicos que soportan la negociación, con alteraciones y enmendaduras, poniendo en entredicho la licitud de los medios empleados”. En lo referente a los contratos clonados se advierte que “…el Idea soterradamente trató de enmendar su irregularidad suscribiendo nuevos contratos, aprovechando que los vendedores complacientemente se prestaron para tal propósito”.

Concluye contundentemente, “A estas alturas, el Ministerio Público entiende que efectivamente se han vulnerado los derechos e intereses colectivos de la comunidad. Las transacciones de compra de las acciones ya se han materializado y los contratos se encuentran ejecutados. No obstante, para ello, se han infringido la legalidad, la moralidad y el patrimonio públicos. Y si bien las medidas cautelares pedidas no pueden restablecer materialmente tales derechos, puesto que sólo la sentencia tendría mérito para decidir si deben volverse las cosas a estado anterior, sí pueden evitar efectivamente que, los derechos que el Idea ha adquirido ilegítimamente -considerando la abundante evidencia que los compromete- e incluso los que se han radicado en cabeza de los vendedores, gocen de la protección judicial y puedan generar sus efectos jurídicos plenos. Una decisión en este sentido nos parece inaplazable, ya que es el único camino para evitar que judicialmente se protejan o amparen situaciones administrativas irregulares. No hacerlo, tipifica un aliciente perverso y un mal ejemplo para la sociedad”.

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