No obstante, en materia política, la construcción de lo público no se limita al ejercicio meramente jurisdiccional ni al simple cumplimiento de las decisiones de dichos órganos. Lo público reclama, además de legalidad, también coherencia, consenso y confianza, precisamente por ser estos elementos los que le dan legitimidad a la construcción de cultura política, de ciudadanía, a la reformulación de la manera de hacer la política, a la comunicación entre el dirigente y el ciudadano y, por sobre todo, al ejercicio del poder, a los medios utilizados para obtener los fines, en tiempos en los que, como en los actuales, desde lo político, cada vez deben ser más transparentes esos medios y más amplias las responsabilidades con la ciudadanía.

El cómo se logra el poder se ha vuelto tan importante como la manera en que se ejerce. El alinderamiento esencial entre la vieja y la nueva forma de hacer la política se apoya en estos paradigmas. Ya no basta ganar el poder por cualquier medio, ni ejercerlo de cualquier manera. La concertación, los consensos partidarios sobre los programas de gobierno, los planes de desarrollo, la comunicación fluida y franca con la ciudadanía, la rendición constante de cuentas y el examen permanente sobre las posturas de los partidos y sus miembros, constituyen la nueva agenda inaplazable para quienes marchan al unísono con el tren de la historia.

A ello se suma el respeto por los acuerdos construidos desde un ideario político social, por la pertinencia de las decisiones, y sobre todo, por la plena identidad entre lo predicado y lo practicado. Creo necesario insistir en el deber político de la coherencia, de la construcción de políticas públicas, no desde la personal apetencia de un grupo o individuo determinado, sino desde las posturas de bancada, de partido, que ha de suponerse, representan y traducen mejor el sentir colectivo. Los nuevos tiempos exigen que no haya distancia o diferencia entre las palabras y los hechos porque como dice el proverbio, cuando uno no vive como piensa, acaba pensando cómo vive.

Los cuerpos colegiados públicos tienen hoy inaplazables responsabilidades y tareas con la sociedad. El ejercicio respetuoso y cabal del control político, el examen serio de las herramientas de gobierno, la pertinencia de las políticas públicas, el índice exacto de las necesidades y angustias por satisfacer, son, por fuerza de la realidad, de mayor entidad, trascendencia y significación política, que el simple reacomodamiento de una mesa directiva en una corporación pública, ya que como dijera Confucio, no puede apagarse con fuego un incendio ni remediarse con agua una inundación.

Siempre ha sido mi convicción, que a eso deben aplicarse las horas del dirigente, los días, los meses y los años, pues la construcción política como ninguna otra, es una opción de vida que implica comprender que los pasos del día a día, las acciones de hoy, han de permitir avanzar con firmeza colectiva en el mañana, en el largo plazo. Solo de esta manera construimos cultura política y respondemos coherentemente a los partidos políticos, a los órganos de control, a la ciudadanía, a la sociedad, pero por sobre todo, a la historia, al futuro.

Antes del análisis sobre la sanción, debemos reflexionar sobre el hecho que la genera, es decir, sobre la suspensión o el retardo en la ejecución del proyecto Porce IV. Me refiero a la fuerza mayor, a las conductas de invasión colectiva al margen del derecho.

En el 2006 menos de 3.000 personas se encontraban asentadas en la zona donde se construirá el embalse, hoy son más de 15.000. Un incremento del 500% en alrededor de 6 años. ¿Esta legitimando la CREG esta conducta? ¿Qué pasará con los proyectos similares en Colombia? ¿Quién debe garantizar el dominio del territorio, las empresas que se atreven a invertir o el Estado?

Ahora bien, aunque las Leyes 1437 y 1474 de 2011 han establecido las reglas que deben aplicarse en el debido proceso sancionatorio tanto en materia de actuaciones administrativas unilaterales como en procedimientos contractuales, salta a la vista que en este caso no han existido reglas claras, puesto que si bien se aduce que se ha dado aplicación al Decreto 01 de 1984 y a los artículos 108 y siguientes de la Ley 142 de 1994, es evidente que estas normas no fijan las reglas que deben seguirse en procedimientos de carácter sancionatorio, como tampoco regulan en detalle las etapas a seguir en actuaciones de tipo “regulatorio”, si es que de ello es de lo que se trata.

Nada está claro, para la CREG la sanción impuesta a EPM por cerca de 23.600 millones, no es una sanción, sino el ejercicio de la actividad regulatoria del Estado, asunto particularmente complejo, pues se trata de una decisión unilateral, que se deriva de una declaración grave e insalvable que determina la propia CREG en relación con unas obligaciones que debía cumplir EPM, competencia que no aparece completamente descrita en las leyes 142 y 143 de 1994 al determinar el alcance de las funciones de las Comisiones de Regulación.

EPM ha tenido básicamente 3 elementos de defensa; (i) la violación del debido proceso al no integrarse en la actuación administrativa sus argumentos de defensa; (ii) la facultad de la CREG para imponer sanciones  a los prestadores de servicios, pues esta competencia la asigna la ley a otras autoridades; y (iii) el desconocimiento de la existencia de externalidades del proyecto que constituyen fuerza mayor e impiden la ejecución del mismo. Si se trata de argumentos de carácter objetivo lo adecuado sería obtener un rápido pronunciamiento de otras autoridades diferentes de la CREG, que de manera imparcial, legal y justa se pronuncien sobre el asunto.

Dado a que el planteamiento de EPM involucra derechos constitucionales de carácter fundamental, es completamente pertinente que se haya acudido a la vía de la tutela para que los jueces constitucionales se pronuncien sobre el asunto.

Proponemos que una vez se tenga la decisión de segunda instancia de la Suprema Corte de Justicia y la revisión eventual de la corte Constitucional, sea la Procuraduría General de la Nación quien determine si la CREG tiene o no la competencia que ha asumido y si lo decidido es o no una sanción; que en caso de ser procedente, solicite la suspensión de la ejecución del acto administrativo con fundamento en lo previsto en el artículo 160 de la ley 134; y evaluar la posibilidad de acudir ante la jurisdicción administrativa en acción popular en defensa del patrimonio público de la región.

Reitero que una obra no se puede iniciar si no tiene completos los diseños, el cierre financiero para su ejecución y mucho menos, si tiene grave impacto sobre el medio ambiente y no se garantiza su mitigación.

Por tanto, compartimos la decisión tomada por el Ministro de Ambiente Frank Pearl, de ordenar la suspensión por 90 días de las obras del “Túnel de Oriente”, con el fin de adelantar nuevos estudios en torno al proyecto y examinar las licencias que autorizaron el inicio de los trabajos.

Valoramos esta decisión del Gobierno Nacional, que deberá respetar las autonomías, pero ejercer su responsabilidad de articular las políticas ambientales desarrolladas por los gobiernos territoriales para que respondan a criterios rigurosos en pro de garantizar que no habrá un detrimento cuantioso de nuestros recursos financieros, ni daños enormes a los sistemas naturales, ni mucho menos un declive significativo de la estabilidad social.

Dos son los documentos que fundamentan el lío jurídico y ambiental en el que se desarrolla este proyecto; la Resolución 1764/02 de Cornare “Por medio de la cual se otorga una Licencia Ambiental” al Proyecto Conexión Vial Aburra-Oriente, y la Resolución 112-0741/10 de Cornare “Por medio de la cual se acoge una información y se toman otras determinaciones”. Entre ambas resoluciones existen delicadas incoherencias que nos llevan a cuestionar su propia validez.

Veamos. Una nueva ruta, nueva boca de túnel, nueva longitud, un nuevo túnel. La boca del túnel aprobado por la Resolución 1764/02 estaba situada en el triángulo  del lugar conocido como estadero o discoteca Capital, en el nuevo proyecto se traslada hasta la puerta de acceso al Seminario Mayor; el túnel deja de tener una extensión de 270 metros y pasa a tener 813 metros de longitud; la licencia ambiental de la Resolución 1764/02 fue otorgada para un túnel y en la Resolución la 112-0741/10 se autorizan dos túneles paralelos en Santa Elena, es decir, hay cambios substanciales.

La norma establece que los estudios de impacto ambiental NO son objeto de aprobación sino de conceptos técnicos, con base en los cuales la autoridad ambiental decide sobre el otorgamiento o no de una Licencia Ambiental.

El Ministerio del Medio Ambiente ha afirmado que la licencia ambiental concedida es exclusivamente para el proyecto descrito en la resolución 1764/02, es decir, el primer proyecto presentado. Para un nuevo túnel la norma no contempla la posibilidad de “acoger o aprobar ajustes del estudio de impacto ambiental”, tal como lo hizo Cornare, eludiendo la obligación de modificación de la Licencia Ambiental.

Nos quedan múltiples interrogantes de una obra que deberá hacerse, cuando se satisfagan las diferentes objeciones. Mientras tanto, pregunto, ¿Por qué omitió el exgobernador Ramos el Fallo del Consejo de Estado del pasado 14 de julio/11, que ordena no aplicar por inconstitucional los actos administrativos que autoricen incorporar a los respectivos estatutos presupuestales territoriales vigencias futuras excepcionales? ¿Por qué ningún órgano de control se pronunció sobre la inauguración o inicio de obra a menos de 15 días de las elecciones territoriales, que violó la Ley de Garantías e incluso la Directiva 003 de marzo 15/11 de la Procuraduría General de la Nación que solicitó no iniciar obras? ¿Qué razones motivaron al exgobernador Ramos a iniciar la obra con soberbia -” ninguna  autoridad me va a impedir que inicie las obras”-, sin tener en cuenta las fundamentadas objeciones técnicas, ambientales, sociales y jurídicas?

Esta modalidad de contratación directa representó en los entes territoriales en el 2010, el escandaloso indicador del 60%, aumentando al 74% en el  primer trimestre del 2011. Los vergonzosos mayores porcentajes de contratación directa se concentraron en los territorios fiscalizados por las contralorías de Nariño, Bogotá, Santander, Antioquia y Cali. Estas cifras, muestran enormes debilidades en el control de la contratación por parte de las entidades públicas y del control fiscal que ejercen las contralorías territoriales.

¿Cómo han permitido las contralorías, tal situación? ¿A qué se debe su permisividad? ¿Quiénes entonces deben hacer respetar las leyes sobre contratación pública? ¿Qué harán las autoridades competentes sobre estos descomunales indicadores de trampa y corrupción? y agregamos, ¿Será que fracasó el modelo de control fiscal en Colombia?

A los anteriores interrogantes deberán responder las y los nuevos contralores territoriales elegidos por los respectivos concejos y asambleas para el período 2012-2015, con los cuales esperamos, conjuntamente con el Congreso de la República, replanteemos ese perverso modelo de control fiscal que se ejerce con sesgo, prevaricando y abusando del poder -por acción y por omisión-, con sectarismo, persiguiendo funcionarios o tapando y siendo permisivos, para que avancemos en el diseño e implementación de un nuevo modelo de control fiscal para los entes territoriales, objetivo e imparcial, que construya confianza ciudadana y garantice la protección y utilización transparente, eficiente y eficaz de los recursos públicos en el país.

En tal sentido, rescato el carácter, la posición clara y sin ambigüedades, asumida por la nueva responsable de la Contraloría General de Antioquia -CGA-, doctora Luz Helena Arango Cardona, en su posesión: “…se harán controles de advertencia a todas las instituciones públicas del Departamento, para que revisen las contrataciones que se están haciendo con Fundaciones y Asociaciones…” y “…al Gobierno Departamental para prevenirlo sobre los procedimientos utilizados en materia de contratación, específicamente con respecto a la Fundación para el Bienestar Global, antes Fundación para el Buen Gobierno –FBG-, que de considerarlo conveniente se debe proceder a instaurar las acciones necesarias para su liquidación”. Agregaría yo, Fundación sobre la cual se debe revisar toda su contratación.

¡Qué paradoja! Proponer su liquidación la nueva Contralora de Antioquia quien reemplaza al autor de tan “brillante iniciativa”, el hoy excontralor Jorge Rojas Otálvaro. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír. Qué lástima que el exgobernador Ramos nunca quiso ver ni escuchar las denuncias sobre lo que sucedía en su Gobierno con la FBG, la cual él debió liquidar, ¿cuál fue la razón? Vaya uno a saberlo. Le corresponderá al gobernador Fajardo liquidarla. Bienvenido un nuevo control fiscal que recupere su independencia, objetividad e imparcialidad, la confianza y la credibilidad.

Lastimosamente, desde el Gobierno departamental y el Idea, con el oscuro ocultamiento de información y con la desfachatez de pretender minimizar las graves consecuencias de la disminución en la calificación, sin ningún argumento técnico, trataron de descalificar las evidencias que presenté y de desviar el debate con todo tipo de insultos y amenazas de demandas temerarias.

Extrañamente, el pasado 13 de octubre de 2011, recibí en mi despacho una comunicación de parte del Gobernador de Antioquia y del Gerente del IDEA en la que entre otras cosas me dicen: “…acudimos a usted señor Congresista, a fin de manifestarle la preocupación del gobierno de Antioquia por la situación puntual del Instituto para el Desarrollo de Antioquia con respecto a lo establecido en el Decreto 1528 de 2008 (….) frente a este panorama, si al 31 de diciembre de 2011 no se modifica el decreto 1525 de 2008, los INFIS van a tener que desmontar sus captaciones y algunos de ellos, los más grandes e importantes como el IDEA tendrán que ser liquidados”.(subraya nuestra)

Si hubiéramos esperado a que el Gobierno de Antioquia hiciera algo, tal vez estaríamos ante la inminente liquidación de esta importante entidad. ¡Qué tarde aceptaron que teníamos razón!w. Nos cuestiona tal facilismo e irresponsabilidad, solo hasta ahora aceptan y se preocupan por tan delicada situación -año y medio después de nuestras denuncias-.

Con otros congresistas que valoramos el aporte que al fomento y desarrollo de los departamentos, en especial de los municipios, nos han brindado los INFIS, hemos trabajado todo este tiempo en la búsqueda de soluciones a la problemática que nos ocupa; en noviembre de 2010, con el Presidente de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara, el Representante Oscar Marín, realizamos un debate con el Ministro de Hacienda y Crédito Público, en el cual logramos una prórroga a la entrada en vigencia del Decreto 1525 de 2008.

Este año continuamos trabajando con los INFIS en propuestas normativas para regular las actividades que realizan, además logramos que el Gobierno Nacional a través del propio Presidente de la República y del Señor Ministro de Hacienda le prestaran interés a la situación que están atravesando este tipo de entidades que tanto bien le hacen al desarrollo regional y local y, lo más importante, estamos promoviendo una política pública de banca de fomento y desarrollo, en la que estas entidades jueguen un papel fundamental.

Para tranquilidad de los INFIS en Colombia, esta semana ese grupo de Congresistas comprometidos con su modelo de banca de fomento y desarrollo, logramos que el Ministerio de Hacienda expidiera un Decreto que se encuentra para la firma del Presidente de la República, en el que se amplía el plazo para obtener las calificaciones exigidas, mientras avanzamos en la expedición de una regulación para que la Superintendencia Financiera vigile las actividades de los INFIS, lo cual va a garantizar que en el futuro se alejen de ellos los fantasmas de personas fantasiosas, manejos irregulares e irresponsables, que como en el caso de la gerencia del Idea en Antioquia, tuvieron la anuencia del Gobierno departamental que termina.

Por ello, todo proyecto y programa se debe contratar, ejecutar, entregar y pagar dentro del mismo año, pero en la práctica, hay proyectos, esencialmente de infraestructura, que por su magnitud y complejidad se pueden contratar en un año, pero ejecutar, entregar y pagar en más de una vigencia.

Para esos eventos, la ley creó la figura denominada “Vigencias Futuras”, entendidas como aquellas autorizaciones que los órganos competentes entregan al Gobierno para que contraten obras que se ejecutan en varios años y que comprometen presupuestos más allá de la vigencia fiscal en la que se contratan.

La Ley 819/03 estipuló que la Nación puede utilizar este instrumento de dos formas, una ordinaria que implica erogaciones presupuestales en el año que se aprueba y en años posteriores; otra excepcional que permite que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiar en el año en que se aprueba, para obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa, seguridad y garantías a las concesiones. Para las entidades territoriales -departamentos y municipios-, las leyes solo autorizan la figura de vigencias futuras ordinarias, bajo condiciones especiales de no sobrepasar el periodo de Gobierno del mandatario al que se le otorga la autorización.

No comprendemos porque varias entidades territoriales utilizaron ilegalmente esta figura para proyectos cuestionados, con la única intención de lograr cierres financieros a costa de la viabilidad financiera futura de los entes territoriales, cuyas administraciones entrantes y otras más que vendrán, van a encontrar obligaciones que limitarán seriamente su capacidad de endeudamiento y las posibilidades de financiar sus planes de desarrollo.

Antioquia no es la excepción a la irresponsabilidad fiscal. En el Gobierno que termina se comprometieron presupuestos futuros por más de $1 billón para proyectos con problemas financieros, técnicos, jurídicos y ambientales como el Túnel de Oriente; tan controvertidos e ineficaces como el Plan Departamental de Aguas o que no se han cerrado financieramente como las Autopistas de la Montaña.

En el Congreso de la República acabamos de aprobar la Ley Orgánica que permitirá a las Asambleas y Concejos autorizar a los mandatarios a comprometer presupuestos de vigencias futuras de forma excepcional, para que bajo parámetros de responsabilidad y de transparencia fiscal, las entidades territoriales puedan ejecutar legalmente proyectos de infraestructura de gran envergadura e impacto social.

No aceptamos incluir en la ley la presunción de legalidad de todo lo actuado por los entes territoriales en materia de vigencias futuras, por tanto, no se reconocerán hechos ilegales cumplidos y los nuevos gobernantes territoriales deberán solicitar a sus Asambleas y Concejos, la ratificación o negación de las Ordenanzas y Acuerdos mediante los cuales se otorgaron autorizaciones ilegales de vigencias futuras excepcionales.

Esta figura no podrá utilizarse para eludir las normas de endeudamiento o comprometer irresponsablemente recursos de las entidades territoriales,  como sucedió con el Túnel de Oriente. Nunca comprendimos el afán del Gobernador Ramos, de iniciar contra viento y marea antes de las elecciones de octubre 30, la cuestionada obra.

Esta difícil problemática territorial llevó al Congreso de la República a la expedición de normas como la Ley 358 de 1997 que reguló el endeudamiento territorial, la Ley 550 de 1999 que estableció criterios para la reestructuración de entidades y empresas territoriales, la Ley 617 de 2000 que estableció límites a los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales y la Ley 819 de 2003 que introdujo nuevos requerimientos para garantizar más transparencia y mayor responsabilidad fiscal en los territorios.

En los Gobiernos fiscalmente responsables de “Una Antioquia Nueva” y “Una Antioquia Nueva un Hogar para la Vida”, entre el 2003 y el 2007, organizamos la casa e hicimos la tarea dejando importantes ahorros, gastando menos de lo que nos ingresó, reduciendo el endeudamiento de $385 mil millones a $264 mil millones, provisionando el pasivo laboral y pensional, logrando cubrirlo en casi un 30%, controlando los gastos de funcionamiento, reduciendo los gastos de personal en más de un 77% y cancelando la totalidad del déficit fiscal que recibimos, el cual al año 2000 ascendía a más de $500 mil millones.

A diferencia del modelo fiscalmente responsable de Una Antioquia Nueva, el actual Gobierno de Antioquia le entregará al Gobernador Fajardo, una deuda de más de $650 mil millones, es decir, con un crecimiento del 145%, casi $400 mil millones por encima de la que recibieron en el 2007. Entregan también un departamento nuevamente burocratizado, los gastos de funcionamiento crecieron más del 46% y los gastos de personal se incrementaron más del 113%. Dejan deudas en salud por alrededor de $250 mil millones, sin contar con los problemas que entregan en entidades como el IDEA y en la FLA, desde la cual esperan recaudar en este mes alrededor de $500 mil millones por compras anticipadas obligadas a los distribuidores, que de permitirse, afectaran negativamente la caja del nuevo Gobierno.

Nos preguntamos ¿cómo se comprometieron o ejecutaron los recursos por US $200 millones de Hidroituango recibidos por anticipado, en un mal negocio para Antioquia; los que se dejaron en caja en el 2007, $140 mil millones para el fondo del agua; $12 mil millones para convertir el Politécnico JIC en Universidad Politécnica de Antioquia y los recursos para la Plaza de la Libertad y Teleantioquia? ¿Deberá cerrarse el IDEA si el Ministerio de Hacienda no modifica nuevamente -como ya lo hizo por nuestra solicitud-, la reglamentación de la calificación, que por falta de rigor técnico e indebidos manejos bajó el IDEA y no ha podido recuperar?

Los nuevos Gobiernos territoriales, asambleas y concejos deberán evaluar a la luz de la Ley de vigencias futuras que aprobamos en el Congreso de la República, las ordenanzas y acuerdos ilegales que se hayan expedido. En Antioquia las que comprometieron recursos por más de $1 billón de los periodos 2012-2015 y 2016-2019 para el fracasado Plan Departamental de Aguas, las Autopistas de la Montaña y el Túnel de Oriente.

Gobernador Fajardo, recupere el modelo de responsabilidad fiscal para Antioquia.

Los correctivos son más que necesarios. A la luz de la nueva ley de vigencias futuras excepcionales que aprobamos en el Congreso de la República la semana anterior, el gran reto del Gobierno para lograr resultados diferentes a los fracasados PDA e impactar con esta nueva estrategia que parece al fin incluir lo rural, será concertar con los nuevos gobiernos territoriales los esquemas de asociación público privados y sociales, y en un marco de responsabilidad y disciplina y fiscal, los mecanismos de financiación conjunta de los proyectos.

Del fracaso nacional, Antioquia es campeón territorial. Según información del Plan Anual Estratégico y de Inversiones -Paei- 2011, en el Departamento existen 15 proyectos por $68.852 millones, a  la fecha no se ha radicado por parte del gestor ningún proyecto en Ventanilla Única; 60 municipios se encuentran vinculados al PDA a través de convenio tripartito, 3 en proceso de vinculación y no obstante las presiones indebidas del actual Gobierno de Antioquia, más de la mitad de los 125 municipios están por fuera.

Por tanto, ratifico la propuesta de asignarle a EPM la responsabilidad de orientar con criterio técnico y social, la planeación y programación de la ejecución de los recursos del programa “Agua para la Prosperidad” y de participar activamente en el diseño institucional que debe darse en el departamento y sus regiones para obtener el mejor provecho de los recursos.

La verdadera departamentalización de EPM en materia de servicios públicos es la de poner al servicio de la región todo su conocimiento y experiencia en el sector y servir de instrumento dinamizador del desarrollo, en especial, ser impulsor de la ingeniería regional, y del mejoramiento en la calidad de los servicios; pues no se trata de que EPM se apropie de las redes y de los excedentes públicos que se generan en los municipios, sino de que cumpla otros roles.

Que apoye con criterio técnico las decisiones que deben adoptar los agentes del sector; que participe en la estructuración de los proyectos por municipio o por región y conjuntamente con los municipios y sus organizaciones sociales, las empresas municipales y algunos agentes regionales, en la consolidación accionaria de empresas colectivas, locales y regionales que desarrollen la prestación de los servicios públicos.

Sería ideal que el rol que jugara EPM en “Agua para la Prosperidad” en Antioquia, sea el de gerente técnico del Programa, y que el reglamento que se expida reconozca explícitamente que además puede ser socio de sociedades en casos especiales, previa intervención del gestor del Programa, que es quien debería establecer en qué casos este es un mecanismo conveniente.

EPM debe ver en el departamento, los municipios y las organizaciones sociales, unos aliados para el desarrollo y que su vinculación en el Programa de “Agua para la Prosperidad” en Antioquia, es una verdadera “empresa social”, que le permite a Medellín adelantar una política de equidad regional y compensar los beneficios obtenidos de la región.

Así, estamos seguros, será posible que la ciudadanía expresada en sus organizaciones que prestan el servicio de agua potable y las empresas públicas municipales, asumirán un papel primordial en el cuidado y protección tanto del agua como de los ecosistemas que la regulan y la alianza Medellín y Antioquia, de Aníbal y Fajardo, puede avanzar en este nuevo escenario, entregando a EPM las responsabilidades que se convengan en la ejecución de esta política regional que debe servir de ejemplo para el país.